Objetivamente, a la luz de sus hechos, socios y aliados, Pedro Sánchez, presidente de nuestro Gobierno, es un enemigo de España. Subjetivamente puede aceptarse el beneficio de la duda de que su intención no es esta, pero no se trata de enjuiciar las intenciones sino los actos. Y estos lo condenan. A él y a quienes, su partido y sus barones, son cómplices con mayor o menor entusiasmo, desde quienes ardorosamente lo siguen y hasta superan, como ciertos ministros y líderes regionales, como Iceta y Armengol a la cabeza, hasta quienes hacen mohines de desagrado en ocasiones pero a la hora de las verdades no solo callan sino que aplauden los desafueros, como Lambán o Page.

Desde que por ellos y con ellos se encumbró al poder y, sobre todo, desde que, hace ahora dos años y desde que las urnas, no hay que olvidarlo, le dieron la posibilidad de hacerlo Sánchez ha pactado y acatado, con quienes desde Bildu a los separatistas catalanes no tienen en su hoja de ruta sino el descuartizamiento de nuestra Nación, la voladura de nuestra Constitución y la demolición de nuestros derechos personales y colectivos como ciudadanos españoles.

Desde el poder utilizar nuestra lengua común en cualquier sitio del territorio español debería darle a uno derecho a ser tratado en cada una de sus partes como ciudadano de pleno derecho en todos los aspectos incluidos. La "normalidad" es el agravio y el pisoteo de los mismos y la queja y exigencia de su cumplimiento una provocación ultra contra el "progreso".

No toca hoy, aunque sea una dolorosa evidencia, la traición del personaje a su palabra y todas y cada una de sus promesas de que jamás haría lo que está haciendo y en lo que avanza, sin freno alguno y cada vez más ensoberbecido. Una a una no ha dejado de orinarse sobre todas las líneas rojas que un día él y su partido proclamaron solemnemente que jamás cruzarían. Han hecho mucho más que eso. Se han acostado con ellos. Hasta con quienes tienen las manos manchadas de sangre y sangre de sus propios compañeros. Ya no es que se abrace a los herederos, confesos, de los terroristas etarras y se les considere socios preferentes sino que sin empacho alguno ya se ha impedido que sus homenajes a quienes asesinaron a más de 850 compatriotas puedan ser llevados al menos ante los tribunales. Y es tal su control y poder sobre los mecanismos de manipulación de la opinión pública que tal atrocidad pasa desapercibida cuando no es, incluso, jaleada.

Cada día y cuando llegan las citas presupuestarias de manera aún más flagrante, Sánchez entrega a todos y cada uno de ellos, de Bildu a ERC, un pedazo de nuestra soberanía, acompañado, faltaría más, por un riego de millones como bebida para que les sepa mejor todavía el chuletón que han conseguido. Y que será preludio de otros muchos.

Todo ello, todo el proceso de desvertebración constitucional, va calando y extendiéndose por todos los ámbitos y alcanzado con cada vez mayor celeridad hasta los ultimo rincones, avanzando de manera continua y con cada vez mayor desparpajo y desvergüenza. Normalizando ya de hecho lo que es una aberración total y absoluta.

No hay tal vez mejor ejemplo que el que afecta a un elemento esencial y medular de nuestra condición, derechos y libertades como ciudadanos españoles, como es el de nuestra lengua común. Contra ella se ha desatado, ahora ya sin el menor tapujo, una verdadera campaña de exclusión y de exterminio, que aunque se estrella en muchas ocasiones contra el pueblo al que intenta imponer el desatino, no deja de ser pertinaz, obsesiva y, como bien ha quedado demostrado, de una toxicidad implacable y destructiva de convivencia. España es el único país del mundo donde el empleo de su lengua en según que sitio y lugares, pero cada vez más, está prohibido y sus habitantes no tienen, aunque quede recogido en su Carta Magna, el derecho de usarla.

No es casualidad que sea por ahí por donde se produzca la mayor ofensiva. El idioma, la lengua común es el cimiento esencial, la piedra angular del edificio y la bóveda que une y ampara. Minarlo e intentar que se desplome y se convierta en escombro es por tanto la batalla que quienes quieren acabar con la Nación, es preciso ganar. Y en ello ya ven cuál es la ejecutoria de nuestro presidente y sus adláteres. Su gobierno la ha eliminado como lengua vehicular de la enseñanza, la infame ley Celaá y algunos de sus barones regionales, que en ocasiones en nada se diferencian en ello de los radicales separatistas catalanes, solo parece tener un objetivo, el prohibir en muchas partes de España el empleo del castellano, español en el mundo.