La centralización del poder, de las decisiones estratégicas y de las políticas básicas, en las comunidades autónomas, junto al sistema de listas electorales de los partidos políticos, está dejando a los Ayuntamientos y Diputaciones en una débil posición para hacer frente a los retos económicos y las demandas de la sociedad que gobiernan. 
En la política, y en especial en el ámbito local y provincial, hay una diferencia clara entre gestionar y gobernar. Gestionar es tener la dirección y poder de asignación de los recursos a los servicios que se prestan de forma ordinaria, y gobernar es planificar adecuadamente para alcanzar los objetivos, en la ciudad o provincia, mediante la planificación y ordenación. Se puede ser un excelente gestor y un pésimo gobernante. Gobernar es planificar y responder a las demandas que plantea la sociedad en el ámbito territorial donde el gobernante ha sido elegido. 
Las abundantes leyes autonómicas dictadas durante estos últimos 35 años solo han servido para restar poder a Ayuntamientos y Diputaciones en favor de la propia Comunidad Autónoma. La escasa y nula participación de la administración local en las políticas económicas y diseño de las infraestructuras, relegadas exclusivamente al papel de prestador de servicios, sin capacidad de decisión en la ordenación y planificación de su pueblo y provincia, aleja al ciudadano de las grandes decisiones sobre la ordenación del territorio donde reside. La cercanía de Diputaciones y Ayuntamientos al ciudadano, en programas de participación, la mayoría de las veces resulta ser un espejismo. 
Ahí, en la falta de atención a las demandas que reivindica el ciudadano, en el ámbito local y provincial, y no en la prestación de los servicios que realizan, es donde reside la fuerza de la España vaciada. En la impotencia frente a otros poderes. Es en la reivindicación de las demandas territoriales frente a otras administraciones, especialmente a la Comunidad Autónoma y el Estado, pero también frente a las empresas públicas que gestionan las grandes infraestructuras, donde la administración local está ausente y el ciudadano reclama mayor participación.
La jerarquía política, administrativa, y de partido, ejercida por las comunidades autónomas, y los partidos políticos, desde la promulgación de leyes autonómicas hasta las listas electorales, estas últimas bloqueadas por aparatos que responden al poder de designación, alejan también cada vez más al ciudadano activo y preocupado por su pueblo y provincia de Diputaciones y Ayuntamientos, pero también de su participación en la política. El ciudadano se ha dado cuenta que los políticos, locales y provinciales, prefieren gestionar sin hacer ruido interno y sin comprometer a quienes tienen el poder de designación porque es la clave de su continuidad. 
Ahí, nuevamente, en esa falta de autonomía del político local que, antepone sus intereses electorales dentro de su partido, es donde el ciudadano vuelve a encontrar otra causa de desatención a sus demandas y le predispone a otras formaciones políticas emergentes en el ámbito local o provincial. 
Se escucha a los presidentes de las Comunidades Autónomas reivindicar mayor poder de decisión en el territorio de su competencia frente a la intervención del Estado. Exigir que se refuerce el papel de la comunidad para hacer frente a las situaciones de crisis, y, especialmente, para la administración de los fondos procedentes de Europa. Pero, nunca, nunca, oirás a un presidente de comunidad hablar de reforzar el papel de Diputaciones y Ayuntamientos para que puedan participar directamente en el gobierno de su competencia.
Las comunidades autónomas reparten sus fondos, y los procedentes de otras administraciones, en políticas ya definidas previamente desde sus presupuestos, en muchas ocasiones para atender sus propias necesidades como administración, caso Hospital del Carmen en Ciudad Real, pero no para las necesidades locales o provinciales que tiene la sociedad. 
La centralización del poder, de las decisiones estratégicas y de las políticas básicas, en las comunidades autónomas, junto al sistema de listas electorales de los partidos políticos, está dejando a los Ayuntamientos y Diputaciones en una débil posición para hacer frente a los retos económicos y las demandas de la sociedad que gobiernan. Los ciudadanos ven cómo las economías globalizadas interfieren, en su vida y en los territorios, modificando sus hábitos y generando cambios en el comercio, pero su administración, y sus políticos más cercanos, no se preocupan y ocupan porque no pueden intervenir o no les interesa hacerlo. 
La globalización de la economía afecta enormemente a las administraciones de menos nivel y más cercanas al ciudadano en el desarrollo de sus respectivos territorios, pero se les excluye del poder económico. Resulta necesario reivindicar un fortalecimiento del poder local, que no es lo mismo que una mayor participación en la gestión.