Cada día que pasa la múltiple crisis sanitaria, política, institucional y económica provoca nuevos sobresaltos que resultan difíciles de parar e incluso de asimilar. Por el momento no ha estallado una crisis social como consecuencia de todas las anteriores. Pero como no comiencen a resolverse todos esos problemas las reacciones populares pueden ser imprevisibles.

A estas alturas y después de que el Gobierno reconociera que la inasistencia del Rey a la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona estaba motivada por la cercanía de la sentencia de inhabilitación de Torra y del 1-O, resulta difícil determinar quién defendía y quien utilizaba a Felipe VI, sobre todo después de conocerse que se había pedido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que retrasara el acto, y después de que este cometiera la imprudencia de comentar una conversación privada con el Rey, cuyos asesores han pecado de ingenuidad. La consecuencia: un nuevo episodio con la Corona por medio cuando más necesita que se levanten cortafuegos a su alrededor. No como antes, con el silencio protector de tantos que ha sido defraudado, sino con un exceso de ejemplaridad y sin la tentación de borbonear.

Por este y otros episodios, y sobre todo porque tiene el mandato caducado va para dos años, el Consejo General del Poder Judicial, tiene que ser renovado de inmediato, una responsabilidad que compete al Partido Popular que hace gala de su bloqueo con argumentos en los que mezcla a Podemos y su rechazo a la monarquía, con el sistema de elección de los jueces, lo que provoca una situación ya vivida en otra ocasión cuando el PP se encontraba en la oposición.

La inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat abre un periodo de inestabilidad en el gobierno de Cataluña que se demorará, seguramente, hasta la primera semana de febrero, cuando se celebren nuevas elecciones autonómicas, que el 'defenestrado' quiere que sean un nuevo plebiscito sobre la independencia. Al menos en este periodo, mientras los partidos catalanes se miran el ombligo, la tensión con el Gobierno no irá en aumento dadas las restricciones de actuación impuestas al vicepresidente en funciones, Pere Aragonés, aunque tendrá repercusiones sobre las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, el instrumento necesario para abordar mejor la crisis económica desatada por la pandemia.

La lucha contra la COVID-19 en la Comunidad de Madrid tiene sendos componentes, sanitario e ideológico, que parece imposible separar a pesar de que Madrid presenta los peores datos epidemiológicos de toda Europa. ¿Quién cederá, Illa o Ayuso? ¿Acabará el Gobierno tomando el control sanitario de Madrid? En un ejercicio de cinismo político, el presidente del PP, Pablo Casado se queja al mismo tiempo de que el ministro de Sanidad se entrometa y se desentienda a la vez. Es el nivel que hay.

Claro que si el Gobierno no pasa por sus mejores momentos, con los ministros de Podemos pensando más en como acabar con la Monarquía, que en la gestión de sus asuntos, salvo la titular de Trabajo, con la negociación de los PGE pendiente, con los peores datos de la UE por covid-19 en la segunda ola, el primer partido de la oposición tampoco está mejor, con un caso como Kitchen que puede acabar con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy investigado, -todavía no lo está- y con un líder que lleva vaya semanita de intervenciones manifiestamente mejorables.