LA RAYUELA

Óscar del Hoyo

Periodista. Director de Servicios de Prensa Comunes (SPC) y Revista Osaca


Condenados

11/10/2020

Dos niños juegan descalzos sobre la podredumbre que se acumula en el suelo. No van a la escuela, jamás han pisado un aula, allí ni siquiera existen. A lo lejos, un grupo de hombres hace una fogata en el interior de un viejo bidón de metal oxidado mientras apuran la colilla de un cigarro y beben de una botella de aguardiente barato. Deprimidos, pasan los días intentando buscar la fórmula para conseguir asilo y así abandonar esa cárcel que se ha convertido en lo más parecido al infierno.
Moria es un callejón sin salida. El hacinamiento es extremo. Más de 15.000 personas viven en un campamento ideado para 2.500. Las condiciones son inhumanas; una ducha para 85, un baño para 72... Las peleas, las violaciones, los suicidios y los robos cada vez son más habituales en esa ratonera de calles de tierra y carpas insalubres ubicada en la isla griega de Lesbos. Lo que, en principio, iba a ser un lugar de tránsito para que los inmigrantes pudieran regularizar su situación se ha transformado en una prisión cercada por concertinas, de la que prácticamente es imposible escapar por el enrevesado laberinto burocrático, la saturación y las exigencias. Hay familias que llevan años esperando. El sueño de muchos sirios y afganos por alcanzar Europa se ha tornado en una pesadilla.   
La gente está nerviosa. El rumor sobre el contagio de una treintena de refugiados por coronavirus genera inquietud. Las autoridades confirman los positivos y plantean poner en cuarentena a los afectados, pero la idea de los responsables helenos se convierte en la chispa que prende la mecha del miedo. La angustia y la desesperación para salir del recinto hacen el resto. Algunos de los refugiados protestan airados y, ante la falta de una respuesta que les convenza y garantice su seguridad, deciden actuar por su cuenta. En pocos minutos, Moria es pasto de las llamas. Los incendios provocados devoran las cientos de carpas de plástico y chabolas improvisadas de madera que sirven de combustible para que todo acabe transformando al campo de refugiados con las peores condiciones de Europa en un mar de polvo y cenizas.  
Hace exactamente un mes que el fuego destruía Moria. No hubo que lamentar muertes. Los miles de refugiados que se congregaban allí hacinados salvaron sus vidas y desde hace semanas están siendo reubicados en distintos complejos de las isla de Lesbos. El suceso tuvo una enorme repercusión mediática y provocó la reacción de Bruselas, que anunció un nuevo Pacto para la Emigración; algo que no habían conseguido las distintas denuncias lanzadas en los últimos años por las organizaciones no gubernamentales, como Oxfam o Médicos Sin Fronteras, que se habían volcado en mandar mensajes de SOS para advertir sobre las deplorables condiciones del campamento, donde los inmigrantes no tenían otra opción que permanecer, desesperados, mientras los trámites para conseguir su salvoconducto se eternizaban. Varias de estas entidades instaron a la Comisión Europea a que investigue a Grecia e inicie un procedimiento de infracción por la violación sistemática del derecho y el trato a los migrantes que buscan asilo en territorio del Viejo Continente.
El nuevo modelo planteado por Bruselas deja en evidencia que las viejas fórmulas implantadas hasta la fecha no funcionan. El pilar sobre el que se erige la iniciativa es el de mejorar la cooperación y reforzar las ayudas, con un fondo especial de 70.000 millones de euros, a los países emisores de refugiados, con el objetivo de ofrecer un porvenir a sus ciudadanos y así frenar el éxodo mayoritario.
Este pacto remozado contempla la unificación del control de identidad y de salud al pasar a territorio europeo, que será obligatorio en los primeros cuatro días, y la agilización del proceso de petición de asilo. Aquellos casos que no cumplan los requisitos serán remitidos a un proceso de tránsito rápido para ser expulsados; una herramienta que deja dudas muchos interrogantes en el ámbito legislativo y que genera una desprotección inquietante.
Pero lo que vuelve a generar más polémica del proyecto es, una vez más, la solidaridad entre los países miembros para que la presión no sature a los estados fronterizos, como son los casos de Grecia o España. Para aliviar la situación, la Comisión propone un sistema voluntario y flexible de retornos como alternativa a las relocalizaciones. Ese carácter opcional y no obligatorio es como la pescadilla que se muerde la cola, dejando sin resolver un problema que provoca que estos países tengan campos de refugiados o centros de inmigrantes colapsados, como el de Moria en tierras helenas o el CETI de Melilla, donde la COVID-19 llega sin avisar y las personas son despojadas de dignidad, condenadas a vivir en condiciones inhumanas.