El aeropuerto es actualmente un pesado lastre para la economía provincial. La falta de seguridad jurídica para cualquier inversor interesado en la provincia, por contar con un aeropuerto, nacional e internacional, y el miedo a que pueda entrar nuevamente en concurso de acreedores, consecuencia de las deudas que arrastra la actual empresa propietaria, CRIA, son en la actualidad un lastre para la provincia y para la región y no un baluarte. El aeropuerto, su propietario, y las empresas titulares con las que opera los diversos negocios relacionados con la actividad aeroportuaria perjudican y penalizan la reactivación económica de la provincia de Ciudad Real en un sector logístico en crecimiento a nivel mundial consecuencia del comercio digital.
Es de reconocer el esfuerzo de la Junta en la promoción exterior de la región para atraer inversores económicos de relevancia ofreciendo, como no puede ser de otra forma, las infraestructuras de la provincia, académicas y de transporte, como la Alta Velocidad, la Universidad Regional y un Aeropuerto Internacional, tres atributos difíciles de encontrar, juntos, en muchas de las regiones españolas, junto a la cercanía con la masa crítica poblacional que ofrece Madrid para resultar atractivos. No obstante, no son suficientes para conseguir que ninguna de las empresas pueda elegir la provincia de Ciudad Real para establecerse en ella. Es más, si alguna de ellas piensa en Castilla-La Mancha lo hace pensando en otras provincias con corredores logísticos y de transporte de menor capacidad, con suelo más caro y con tiempos logísticos de y distribución internacional superiores a los que puede ofrecer Ciudad Real. Dato empírico contrastable frente a otros corredores de la región si el aeropuerto de Ciudad Real funcionase. 
Igualmente, es de reconocer el esfuerzo de la Diputación Provincial en materia económica para dotar a los municipios de capacidades y recursos, convertida en el motor económico de la provincia, pero a pesar de ello la provincia pierde población y no acaba de encontrar su valor estratégico en los mercados económicos. Son apreciables, por cualquier ciudadano, los esfuerzos en campos como el bienestar social, la cultura y los servicios a los ayuntamientos de menor entidad, pero, de la misma forma, se echa en falta una política provincial de reactivación económica en diversos sectores donde se puede ser competitivo, y, en especial, una política que detecte y ponga de manifiesto los puntos clave y fortalezas que permitan la captación de nuevas empresas e impida a los jóvenes marcharse a otras poblaciones. 
Es cierto que la política de captación de empresas y de inversores descansa en la comunidad autónoma y especialmente en su consejera de Economía, con un amplio bagaje y experiencia profesional, reconocida por todos los sectores, conocedora de las infraestructuras desde su etapa cameral, pero la actual situación operativa y económica del aeropuerto le ahuyenta posibles inversores interesados en la provincia y en su infraestructura aérea. Es difícil captar un inversor sin seguridad jurídica. En este asunto Diputación y Junta deberían trazar una estrategia conjunta, algo que no se hizo en 2017, para evitar otro fiasco y tener preparada una alternativa.
El aeropuerto es una infraestructura de interés general, dentro de las que la administración pública del Estado considera como tales, y que, en consecuencia, está sujeta a obligaciones específicas de prestación de unos servicios públicos de transporte. La falta de servicios aeroportuarios y el cierre de su espacio aéreo ya deberían de ser motivo suficiente y automático de la revisión de muchos de sus permisos, cuando no de la revocación y/o intervención, de la infraestructura aeroportuaria.
El aeropuerto ha necesitado de una declaración de interés general del Estado, un proyecto de singular interés para su ordenación urbanística, una modificación de la LOTAU para dotar de valor a los terrenos aeroportuarios, no pueden servir, ahora, solo para que el propietario actual espere sentado durante cinco años, sin hacer nada, y utilice la infraestructura aeroportuaria para derivar a ella las deudas del resto de sus empresas. Con la derivación de responsabilidad ya está ganando dinero.
En el caso del aeropuerto de Ciudad Real, además, la declaración de interés general del Estado para prestar servicios de trasporte aeroportuario, al igual que la DIA, supuso una limitación urbanística de tal forma que los planes de ordenación de los municipios afectados por la infraestructura no podrán interferir o perturbar las competencias reservadas para los aeropuertos de interés general en su actividad aeronáutica. 
Se equivocó el juez que declaró el concurso, se equivocó el juez que lo adjudicó ocho años después a un moroso, se equivocaron los administradores concursales, y se equivocarán las administraciones que no defiendan el interés público y general de la infraestructura adoptando las medidas cautelares necesarias.