Hace 35 años está provincia fue pionera en España en la creación de un Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, pero, el paso del tiempo y los intereses corporativistas, eso sí, divididos y cambiantes, del colectivo de bomberos ha terminado arruinando en forma de lucha sindical lo que ayer fue un servicio de rescate en quien confiar. Hoy, sin dudar de la profesionalidad de sus miembros en activo, ni de la voluntad de mejora de la institución de quien depende, es una suerte de lotería que el Consorcio de Extinción de Incendios sobreviva en los próximos años después de tanto arremeter por parte de sus propios trabajadores. 
Tampoco la Institución de la que depende y los sucesivos representantes del Consorcio durante estos 35 años han contribuido a su mejora en la organización. Una Diputación que lidera el proyecto, sin margen de mejora desde el punto de vista conceptual y organizativo, consecuencia de la rigidez sindical de un colectivo que solo busca los intereses particulares del grupo, y unos ayuntamientos que miran de reojo por si terminan pidiéndole más contribución económica, hace que los bomberos de esta provincia tengan prácticamente los mimos medios de hace 35 años con que combatir el fuego o realizar un rescate, pero que se ha devaluado en otras funciones. Un servicio que, a día de hoy, ha quedado reducido exclusivamente a la extinción de incendios y que en el año 2021 le cuesta a la provincia 17 millones de euros, sin contar y estimar los costes de la empresa pública GEACAM, destinada al fuego forestal durante ocho meses y del 112 que se pagan íntegramente desde la Junta. El SCIS, es un Consorcio nacido para ser sostenible económicamente que resulta incapaz de generar ingresos alternativos distintos a las transferencias de los respetivos ayuntamientos. Basta recordar la pérdida de oportunidades, como las comunicaciones del 112, reconvirtiendo el 1006. 
Viejo el SCIS, envejecido su personal, su material y el modelo de funcionamiento, nos queda solo esperar que una decisión política lo pueda transformar. Con un convenio colectivo farragoso y poco operativo para el desarrollo de las funciones de un servicio de rescate. Un convenio obsoleto en su forma y contenido para organizar una empresa abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Funcionarizado, aunque se denominen personal laboral. Con una rigidez sindical que encorseta a sus gestores. Perdiendo, con el paso de los años, la frescura de sus miembros. Sin posibilidad de segunda actividad para quienes no cumplen ya con el perfil psico-físico para optar al puesto de trabajo. Garantista hasta el extremo de resultar insultante para el resto de convenios de otros trabajadores públicos. El SCIS sobrevive en esta provincia inmerso en un sinfín de problemas estructurales que pueden hacen peligrar la seguridad de las personas. Un servicio de extinción que ni siquiera tiene coordinación con los ayuntamientos en materia de seguridad, inspección urbanística, etc.   
Aun con el anuncio de construcción de nuevas instalaciones en la capital por parte de la Diputación y su traslado a la N-420, en la carretera de Piedrabuena, para salir de la actual ubicación en el centro del campus universitario, es posible su mejora. Bravo por la iniciativa de cambio, pero son necesarios cambios más profundos. El Consorcio de Extinción de Incendios de Ciudad Real necesita de una revisión política, jurídica, administrativa, económica y especialmente operativa. El SCIS, que nace en el año 86 de la mano de Martín del Burgo y se culmina en la legislatura siguiente de Ureña, se crea con la intención de establecer un nuevo modelo de relaciones laborales, pero los sucesivos gobiernos y consejos de administración lo han desvirtuado por el control político ejercido y la permisividad sindical. Solo un nuevo modelo de empresa, superpuesta al actual consorcio, con nuevas categorías laborales, nuevas funciones, y extinguir la actual plantilla operativa que no cumpla los requisitos de acceso al puesto, con una segunda ocupación, puede hacer realidad un nuevo servicio. 
Pocas soluciones son posibles desde la estructura jurídica actual. Es por ello, que, la creación de un grupo público de prevención y seguridad en la provincia, que tenga las competencias generales en la materia de prevención y extinción, con ocho empresas, una por parque comarcal, con cuenta de resultados diferenciada, con sus propios activos, estatutos, nuevos reglamentos, normas de funcionamiento, y, que, incluso su gestión pueda ser licitada, sea una de las soluciones. Todo ello sin perder la esencia de servicio público.  Un plan estratégico a 5 y 10 años vista, periodo donde la mayoría de los trabajadores actuales causarán baja vegetativa, es necesario para garantizar su propia supervivencia. Amortizar, extinguir y hace desaparecer las actuales estructuras caducas y contaminadas, es la mejor solución. Profesionalización y racionalización.