LOS POLÍTICOS SOMOS NOSOTROS

Enrique Belda


Otro camino en el tema ‘Rey Juan Carlos’

15/09/2020

Qué espanto y qué pereza ver cómo la sociedad española, en los breves y perdidos ratos que no piensa en el Covid y en el negro futuro de su trabajo, plantea la marcha del anterior Jefe del Estado.
Ahora resulta que cuando sale el tema en las casas ‘cuasineoconfinadas’, y en las reducidas tertulias de café en mesas separadas, todo tiene que consistir, o bien en augurar la República y rasgarse las vestiduras, o bien en glosar la trayectoria institucional de don Juan Carlos acudiendo seguidamente al socorrido argumento de la estabilidad institucional que la Corona, y España más que nunca, demandarían.
En la doctrina científica se afina mucho más, desde enfoques muy distintos que, sin embargo, casi siempre recuerdan directa o tangencialmente la quiebra del simbolismo y lo que tal cosa significa en una institución en la que la autoridad moral es todo.
El debate es muy jugoso para desviar la atención y acudir a las generalidades, por lo que no estaría mal que, como está sucediendo en muchas de las visiones en prensa de los constitucionalistas y politólogos, se continuaran evitando las distracciones, de buena acogida en la visceralidad actual de una ciudadanía asustada y enfadada, que quieren imponer sobre el asunto ciertos periodistas y políticos.
Quiero sumar a todo lo leído una perspectiva parcial, difícilmente constatable (y por lo tanto sin ánimo de encuadrarse como opinión científica), que según mi libre criterio y tras los años que llevo castigándoles con escritos sobre el tema de la Corona, conforma ‘mi’ verdad sobre este suceso histórico. Primero, venero la presunción de inocencia y hasta que la Justicia no se pronuncie, no quiero condenar a nadie, y menos al Rey, pues todavía me creo todo esto (la existencia de una Justicia y la vigencia de la monarquía constitucional).
Segundo: el problema, hipotético aún, no es que le juzguen y condenen por hechos cometidos tras su abdicación. El drama es que una sociedad democrática, como mantuve en un libro promoviendo reformas constitucionales en la materia, fechado en 2015 («¿Qué le falta a la Monarquía Española para estar plenamente racionalizada?»), no pueda juzgar, y en su caso apartar de una magistratura constitucional, cualquiera que sea, a su respectivo titular. Tal situación arrastra a la endeblez argumental a aquellos que siempre apostamos por los beneficios prácticos para España de esta forma de la Jefatura del Estado. Tercero, y aquí viene lo más gordo y polémico, según compruebo tras ver rechazados algunos artículos en prensa en meses pasados, y la atónita mirada de cada político cauto (con cargo activo) al que se lo cuento: ignoro si era o no un secreto a voces en los círculos de poder de las últimas cuatro décadas, pero cuando ahora, en medio de la refriega, salen a defender a don  Juan Carlos un nutrido grupo de ministros multicolores, me pregunto si no hemos estado asistiendo desde el minuto uno del reinado constitucional a una financiación encubierta de esta institución.
Lo explico: no le vamos a consignar en los presupuestos todo el dinero que demanda la representación que ostenta, para que la ciudadanía no se queje de dispendios, por lo cual miramos para otro lado o refrendamos implícitamente que de las gestiones beneficiosas encargadas por el Gobierno se obtenga una cantidad, directa o indirecta, para la real Casa (escaso escándalo hubo décadas atrás cuando empresarios mallorquines querían afrontar los gastos de renovación de un buque oficial más digno y representativo para el Rey). ¿Se admite financiar instituciones de esta manera? Si así fuera ¿No habría de ser reglado y, de público conocimiento, el hecho y el montante de las entregas? Si nos tratasen como adultos no se llegaría a estos extremos en los que al final el Rey puede ser una víctima o, como están pensando ustedes, y no yo, tener capacidad para reunir por esta vía de las comisiones cantidades excesivas que van más allá de ‘complementar’ el presupuesto. Ningún refrendo tácito puede pasar por encima de la legalidad exigible al comportamiento de la Jefatura del Estado, ni de las atribuciones tasadas y fundamentalmente simbólicas de la misma, especialmente cuando reviste la forma monárquica.