Lleva dos meses en Cartagena. Su mujer padece alzheimer y permanece ingresada en una residencia. Lo que en principio iban a ser un par de semanas se ha ido postergando al mismo ritmo que ha empeorado la salud de su esposa. La enfermedad avanza rápido y, a sus 87 años, solo desea regresar a su casa de la madrileña calle Atocha. 
Una tarde, mientras hojea el periódico sentado en la silla de la habitación del geriátrico, Vicente recibe una llamada. Al otro lado de la línea uno de sus vecinos de la capital le da la buena nueva. Dos muchachas cambiaron ayer el bombín de la puerta y se han colado a vivir en su domicilio. Su cara es un poema. Angustiado, telefonea a una de sus hijas y decide volver a Madrid para tratar de solucionar el entuerto.
El octogenario intenta introducir la llave en la cerradura, pero no hay manera. Al otro lado de la puerta se escuchan risas. Pese a la insistencia para que abran, las dos nuevas inquilinas, que son pareja, ni se inmutan. La descripción de una de ellas, con pelo azul y piercing en los labios, le lleva a deducir que se trata de su nieta Paula; la chica rebelde que dejó de ser una promesa de la gimnasia rítmica y del karting para acabar encerrada en un centro de menores. Las malas compañías y el consumo de hachís la introdujeron en una espiral autodestructiva y en un sórdido mundo del que ya no quiere ni sabe salir. Paula fue expulsada cuando estudiaba cuarto de la ESO por agredir a una profesora e incluso llegó a presentar una denuncia falsa contra su padre por un supuesto maltrato que nunca existió.
Vicente contrata los servicios de la empresa Desokupa, pero ni así consigue que abandonen el piso. Es entonces cuando presenta una denuncia por un delito de usurpación, pero, tras meses de suplicio, la sentencia dictamina que no tienen derecho a sacar a Paula y a su novia del piso. El siguiente paso, aunque se iba a prolongar mucho más en el tiempo, es el de la demanda civil. La impotencia es tremenda.
Esta semana, 11 meses después de que entrara en la casa de su abuelo, se celebró un nuevo juicio y, al finalizar, la joven entregó las llaves y abandonó por voluntad propia la vivienda. No había otra salida.   
El fenómeno de la okupación está repuntado en España. Con unos precios de alquiler desorbitados, en sólo cuatro años ha pasado de 10.300 casos a 14.600, lo que supone un 50 por ciento más; una situación que se ha disparado durante la época estival, sobre todo por la situación tan excepcional que se vive derivada del coronavirus y que ha abocado a mucha gente a okupar.
La alarma social también se ha disparado, sobre todo por la indefensión de los dueños que, si no logran pillar a los nuevos moradores en el instante en el que intentan acceder, tienen complicado recuperar su propiedad en un razonable lapso de tiempo. Día sí, día también los informativos y los diarios recogían cómo los barrios se unían para tratar de echar a aquellos que se apropiaban de algo que no les pertenece. Caceroladas, movilizaciones...
 Por este motivo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunciaba en la apertura del año judicial que iba a dictar una actuación específica contra el fenómeno de la okupación, aunque ya haya suficientes instrumentos para llevarlo a cabo, sobre todo desde que en 2008 entrara en vigor la denominada ley de desahucio exprés. Pero los afectados cada vez confían más en grupos dedicados expresamente a recuperar las viviendas. Actuaciones más rápidas y contundentes que una Justicia que, entre las argucias legales y la sobrecarga de trabajo que hay en los juzgados, está desbordada y no cuenta con los medios para ejecutar con diligencia un desalojo. En Europa todo es más sencillo. ¿Cuál es el problema?
Existen dos términos bien diferenciados: el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda, también conocido como okupación. El primero se refiere al espacio específico donde una persona o una familia desarrolla su vida y, en el caso de que sea okupada, la principal vía para recuperarla es presentar una demanda, que se demora en el tiempo. La segunda, que es un delito leve, no contempla que el propietario haga un uso continuado y los nuevos inquilinos pueden presentar documentos de arrendamiento, que, aunque sean falsos, complican aún más la tarea del desalojo.
La okupación se ha convertido en un grave problema en España y a la vez en un negocio; hay mafias que realquilan las casas a las que han accedido. Mientras los defensores justifican que los pisos que se ocupan son propiedad de bancos o de fondos buitres, aquellos que han tenido que pasar por este mal trago dejan caer que la mayoría no se conforman ya con cualquier casa y se han aficionado a chalets y complejos de lujo.
El artículo 47 de la Constitución recoge que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero ha de ser el Estado y no la propiedad privada quien la proporcione. El Congreso rechazó el jueves la propuesta de Ciudadanos, PP y Vox para endurecer las penas contras los okupas y agilizar la recuperación de los inmuebles. Mientras tanto, la ciudadanía reclama una solución a este dilema legal y social.