Obviamente no, pero es grave que haya que estar recordándoselo al Señor Presidente y a sus ministros podemitas, que hacen arrancar una legitimidad total de su exigua minoría parlamentaria para pasar por encima del habitual funcionamiento del resto de poderes del Estado (directrices al legislativo de criterios organizativos, al Ministerio Fiscal de perfiles poco idóneos, presiones al Poder Judicial a cuenta de su actuación ante delitos de sedición, etc.). Su ideario es la imposición de cada una de sus iniciativas sin reparar en el método, ni siquiera en la finalidad. Cada persona y cada grupo social sujeto/o sujetos de derechos, debieran estar el centro de cualquier actividad de los Poderes Públicos: si es el destinatario de los derechos, no lo puede ser de forma selectiva ni sufrir postergación por su situación personal, social, su edad, su capacidad, su sexo, sus decisiones, su pensamiento, etc. La ley o cualquier decisión administrativa u orgánica igual, justa y participativa que mantenga o avance en cualquier derecho integra e incluye todas estas facetas, y debiera abordar de manera inclusiva a los beneficiarios. Y es probablemente esa asignatura pendiente la que más deslegitima o aleja el sistema democrático de la ciudadanía: avances en derechos o facultades de derechos que no llegan a todos, o que no alcanzan por igual, y que generan una brecha social que lleva directamente a la postergación de los mismos destinatarios. El Estado social y democrático de derecho no puede tolerar lo que estructural y constitucionalmente no admite, y es que las decisiones «democráticas», todas, y por supuesto las de política económica, por mayoritarias que sean, no son siempre acordes con el imperativo de la igualdad efectiva y la remoción de obstáculos para la efectividad de derechos. El último ejemplo lo ha constituido la subida del Salario Mínimo Interprofesional, sin reparar en los efectos o la opinión de algunos de los presuntos beneficiarios, y afectando directamente a los pequeños autónomos que ni siquiera llegan algunos meses a recibir un dinero lejanamente equiparable a ese Salario Mínimo. El test para la evaluación de una medida política no es siempre sencillo, ni existen parámetros para identificar qué medidas, en principio favorables a la implementación de derechos, pueden terminar acrecentando la diferencia entre personas o grupos de personas, pero los que hoy gobiernan España vienen superando esta pequeña lagunilla argumental tirando de generalidades y lugares comunes. ¿Qué vendrá la semana próxima? Seguro que nos sorprenden.