Que los dos socios de Gobierno hayan alcanzado un acuerdo para presentar a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 es una buena noticia. Que esas cuentas públicas lleguen a ser aprobadas con el concurso del resto de los partidos que forman el bloque de la investidura cuando contienen "el mayor gasto social de la historia" sería una buenísima noticia, pese a las críticas, por otro lado obligadas -"son antisociales porque no bajan los impuestos", ha dicho Núñez Feijóo-, que presenten los partidos de la oposición.

Que un Gobierno de coalición saque adelante los Presupuestos en un año electoral es una situación poco frecuente, porque su debate es el momento de marcar distancias entre los socios para hacer valer sus posiciones ante los electores. De hecho, los presupuestos de este año estaban ya pensados para que fueran prorrogados, y se daban por los últimos que se aprobarían en el periodo del primer gobierno de coalición. Pero esta legislatura no deja de procurar sorpresas. Habría sido una insensatez por parte de los socios de gobierno no haber alcanzado un acuerdo dadas las circunstancias socioeconómicas que atraviesa el país, con la inflación desatada y el precio de la energía desbocado, con la carrera por la bajada de impuestos lanzada y la aplicación de las reformas fiscales aprobadas la pasada semana por desarrollar, con fondos europeos que repartir y gastar y con los servicios públicos y las ayudas que contribuyen a igualar las rentas necesitados de refuerzo, además de que recogen los últimos acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre la subida salarial de los funcionarios y la de las pensiones con arreglo al IPC.

El proyecto de Presupuestos Generales han sido aprobados en tiempo -con apenas una semana de retraso sobre los plazos constitucionales- con una importantísima subida del gasto social y los negociadores del PSOE y Unidas Podemos han sabido dejar aparcados los dos puntos que podían hacer fracasar el acuerdo, la ley de Vivienda y la necesidad de limitar el precio de los alquileres, y el incremento del gasto en defensa que se aplicará por la vía de los créditos extraordinarios, mientras que Unidas Podemos se puede apuntar el tanto de que se impulsará la Ley de Familias y se incrementará el gasto en Dependencia, entre otros avances.

Este proyecto de cuentas públicas si debiera ser el último en aprobarse por cuanto las elecciones están previstas para el último mes del año de concretarse el cambio de ciclo el nuevo gobierno tendrá que gobernar con unos Presupuestos que no responden a sus intereses políticos. Pero son unas cuentas públicas que allanan el camino de los socios de coalición hasta el final de la legislatura.

La satisfacción de los miembros del Gobierno por el proyecto de PGE no es sino el comienzo de un tortuoso camino en el que es preciso que los partidos del bloque de la investidura demuestren el mismo grado de compromiso y de corresponsabilidad, para su aprobación, pero ya han comenzado a llegar al Ejecutivo avisos a navegantes, sobre todo por parte de ERC, que está dispuesto a dar su apoyo a cambio de futuras negociaciones sobre asuntos políticos de su interés. Su aprobación sería una muestra más de la estabilidad del Gobierno a pesar de que las discrepancias internas y algunos apoyos indeseados y a veces innecesarios proyectan la imagen de que el Gobierno actúa bajo presión y como marioneta de sus socios parlamentarios.