La condena a varios de los líderes del procés incluía el delito de malversación. No lo habrán escuchado mucho estos días de reconciliación, convivencia y utilidad pública, conceptos que han tapado una de las grandes falacias contenidas en la decisión del gobierno de indultar a los máximos responsables del golpe independentista contra el Estado de 2017. Aunque no se le haya dado excesivo aire, el perdón a los nueve sediciosos conlleva una nueva doctrina hacia la corrupción política cometida desde el poder, el empleo de dinero público para fines espurios. Es una novedosa concepción del uso de cantidades importantes para sustraerlo a su verdadero fin que es el bienestar de los ciudadanos: por utilidad pública y en aras a no ser revanchistas ni vengativos, la malversación de fondos hay que perdonarla.

Pedro Sánchez llegó a la presidencia gracias a una moción de censura, apoyada en los mismos independentistas malversadores a los que ahora se indulta, y justificada por la insoportable corrupción del partido que entonces ocupaba el poder. Todo lo demás está dicho, señoría. La archiconocida frase del magistrado De Prada en la sentencia de la primera etapa del caso Gürtel desembocó en una crisis política justificada por los gravísimos delitos de corrupción cometidos en los aledaños del partido que gobernaba. La energía anti corruptos del presidente actual para limpiar el país de malversadores se ha diluido tres años después de aquello, convertida en magnanimidad desteñida para con aquellos que le sostienen en La Moncloa. Esa es la circunstancia que hace diferentes estos indultos respecto a otros muchos concedidos en democracia: nunca antes tenían al propio gobierno como beneficiario por el apoyo parlamentario que necesita de los partidos a los que pertenecen los indultados.

Lo malversado en aquellas semanas del octubre negro catalán no tiene tampoco mucha comparación con la responsabilidad subsidiaria que la sentencia de la Gürtel atribuyó al PP. Cuatro de los protagonistas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, gastaron según la Abogacía del estado 1,9 millones, aunque la Fiscalía elevó esa cantidad a tres. La sentencia que les condenó estableció que crearon un "consorcio delictivo" para la "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" en gastos para publicidad institucional, administración electoral, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas. Los jueces del Supremo decretaron que todo esto causó un volumen de gastos ajenos a cualquier fin público lícito, es decir, que fueron gastos ilícitos. Los indultos, que no figuraban en el programa electoral del PSOE y fueron repudiados durante la campaña electoral de 2019, ignoran la gravedad de los delitos económicos, pese a la cruzada que este mismo partido siempre ha protagonizado contra quienes hacen un abuso del dinero de todos.