Puede ser, seguramente, el peor momento de la democracia en España, porque hemos pasado otros muchos más graves, pero había una diferencia importante: una clase política que siempre puso por delante los valores constitucionales y el interés general, mientras que ahora solo cuentan los intereses partidistas. La democracia española ha sorteado crisis económicas tan graves como la actual, el terrorismo salvaje de ETA, un intento de golpe de Estado, la sedición catalana, pero la gravedad de la amenaza sanitaria del covid, la muy alarmante situación económica y, sobre todo, la degradación institucional y de la clase política, sin visos de cambio, plantean un panorama muy preocupante. Para salir de esta situación y no profundizar en la crisis es imprescindible un Pacto por la Dignidad que integre a todos, que no excluya a nadie. Si la clase política demostrara una mínima grandeza, tal vez la única persona que podría pilotarlo es el Rey Felipe como árbitro e impulsor de una España interesada en superar la crisis y no solo en alcanzar o mantener el poder a toda costa. Sumar, no restar; integrar, no excluir.
Un pacto por la dignidad tendría que empezar por los políticos, aparcando las diferencias y buscando el diálogo real y las soluciones compartidas. Lo hicieron hace años cuando las diferencias eran mucho mayores y no se entiende que no sean capaces de hacerlo ahora.
Exige, también un pacto con los empresarios. Tenemos algunas de las grandes empresas multinacionales, grandes empresarios, autónomos que ponen en marcha el país cada día. Hay que sentarse con ellos, pero no para hacerse la foto sino para escucharlos, para darles un papel protagonista. El empleo lo crean los empresarios, no el Estado. Basta con que éste se dedique a crear las condiciones necesarias para que sea más fácil poner en marcha nuevos proyectos. La Administración puede hacer mucho para modernizar tecnológicamente España y que no nos volvamos a quedar atrás. Hacer una reforma de la Administración, central y autonómica, para hacerla más efectiva, reducir las duplicidades y acercarla al ciudadano es, igualmente, imprescindible. Como lo es lograr que nadie quede excluido en la salida de la crisis y que no aumente la desigualdad.
Un pacto por la dignidad exige un acuerdo con los operadores jurídicos -no solo con jueces y fiscales- para volver a la seguridad jurídica y evitar situaciones impresentables como la que ha planteado el Gobierno frente al Poder Judicial.
Es imprescindible dar cancha a los científicos, a los expertos y a los profesionales sanitarios -olvidados y postergados incluso cuando se han ofrecido para hacer un análisis riguroso de lo que hemos hecho mal, para hacerlo mejor-, para fijar medidas y protocolos claros que nos ayuden a salir de esta brutal crisis del covid. Hay que excluir la política partidista de esta pandemia.
España merece respeto y que no le mientan. Todo político que sea descubierto mintiendo debe ser excluido inmediatamente de la vida política. Si los políticos que tanto están contribuyendo a la degradación institucional y que tanto daño están haciendo a la imagen de España, dinamitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, no son capaces de poner en marcha este Pacto por la Dignidad, ninguno de ellos debería estar presente en las listas de las próximas elecciones. Necesitamos un país unido para no tener un país en ruinas. Por dignidad.