Antes de la Toga

Juan Carlos Rodríguez-Bobada


Entre el derecho a la educación y el miedo a la pandemia

09/09/2020

No toda inasistencia al centro escolar es delito de Absentimo, pues habría que preguntarse si lo que está incurriendo esa familia, es en un caso de absentismo o lo que está haciendo es proteger la salud de su hijo, padres que no le llevan al colegio no por desatenderle, sino por proteger su integridad física.

             De un lado, hay que partir de que la intervención del Derecho Penal es el último recurso para resolver un conflicto, y que aunque existe el artículo  226 del Código Penal en donde se contempla el Delito de Abandono familia por dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, -lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma-, el mismo no se ideó para una situación de pandemia como la actual.

             Por tanto, hemos  de considerar que aunque los padres tienen que cumplir con su obligación de escolarizar a sus hijos entre los 6 y 16 años, - es evidente que nuestro sistema educativo en sus escalas básicas no funciona a distancia con los alumnos en sus casas, o lo hace con unos resultados insatisfactorios- y por tanto, solo en supuestos graves, patentes y duraderos donde exista una voluntad de los padres de desatención, incurrirían en este delito.

             Con ello no quiero decir que el simple miedo al Coronavirus de los padres, sea causa justificada suficiente que les sirviera de exoneración penal, pues habría que valorar el caso concreto, apreciar las circunstancias médicas y, -de cara a una posible investigación de la Fiscalía-, tomar medidas como comunicar con el centro escolar, que el menor recibiera educación en casa (con clases telemáticas, con un profesor particular …), comprar el material escolar…  para poder demostrar que se actuó con la debida diligencia y la inasistencia temporal estuvo justificada.

              Y todo ello considerando que en el momento en que escribo este artículo aún no hay menores absentistas a causa de padres preocupados por la COVID-19 y que la administración no ha actuado en consecuencia, por lo que volviendo al principio, aunque el Derecho penal siempre interviene en última instancia, una situación de ausencia en las aulas respecto a unos niños a los que les es muy difícil recibir educación a distancia –con Bachideratos y Universitarios la cosa cambia-, les podría afectar muy negativamente a nivel de su futuro académico y profesional.

No toda inasistencia al centro escolar es delito de Absentimo, pues habría que preguntarse si lo que está incurriendo esa familia, es en un caso de absentismo o lo que está haciendo es proteger la salud de su hijo, padres que no le llevan al colegio no por desatenderle, sino por proteger su integridad física.

             De un lado, hay que partir de que la intervención del Derecho Penal es el último recurso para resolver un conflicto, y que aunque existe el artículo  226 del Código Penal en donde se contempla el Delito de Abandono familia por dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, -lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma-, el mismo no se ideó para una situación de pandemia como la actual.

             Por tanto, hemos  de considerar que aunque los padres tienen que cumplir con su obligación de escolarizar a sus hijos entre los 6 y 16 años, - es evidente que nuestro sistema educativo en sus escalas básicas no funciona a distancia con los alumnos en sus casas, o lo hace con unos resultados insatisfactorios- y por tanto, solo en supuestos graves, patentes y duraderos donde exista una voluntad de los padres de desatención, incurrirían en este delito.

             Con ello no quiero decir que el simple miedo al Coronavirus de los padres, sea causa justificada suficiente que les sirviera de exoneración penal, pues habría que valorar el caso concreto, apreciar las circunstancias médicas y, -de cara a una posible investigación de la Fiscalía-, tomar medidas como comunicar con el centro escolar, que el menor recibiera educación en casa (con clases telemáticas, con un profesor particular …), comprar el material escolar…  para poder demostrar que se actuó con la debida diligencia y la inasistencia temporal estuvo justificada.

              Y todo ello considerando que en el momento en que escribo este artículo aún no hay menores absentistas a causa de padres preocupados por la COVID-19 y que la administración no ha actuado en consecuencia, por lo que volviendo al principio, aunque el Derecho penal siempre interviene en última instancia, una situación de ausencia en las aulas respecto a unos niños a los que les es muy difícil recibir educación a distancia –con Bachideratos y Universitarios la cosa cambia-, les podría afectar muy negativamente a nivel de su futuro académico y profesional.