Los independentistas catalanes son expertos en revestir hechos y conceptos con palabras grandilocuentes que enmascaran la realidad como actos políticos que están por encima de sus consecuencias judiciales. El referéndum ilegal del 1-O no fue un ejercicio de democracia, por cuanto carecía de todos los requisitos previos que le dieran validez, ni la inhabilitación de Quim Torra, como presidente de la Generalitat, confirmada por el Tribunal Supremo, ha sido por defender el ejercicio de la libertad de expresión, sino por un delito de desobediencia que vulneraba el derecho de todos en periodo electoral. La insistencia goebbelsiana en la mentira no hace que esta se convierta en verdad, aunque sirva para reforzar los sentimientos de represión y el martirologio. A partir de ahora la estrategia de los independentistas será lograr que la justicia europea repare una decisión judicial que consideran una nueva vulneración de los derechos humanos: que la desobediencia a un órgano electoral pueda acabar con la inhabilitación de un presidente democráticamente elegido.

La decisión del Tribunal Supremo se daba por amortizada, hasta tal punto que entre los dos socios del Govern catalán está ya pactada y establecida la hoja de ruta que se va a seguir a partir del momento en que la sentencia le sea notificada y Torra tenga que salir del Palacio de Sant Jaume, con toda pompa y circunstancia y deje paso al vicepresidente sustituto, Pere Aragonés, futuro candidato de ERC, que estará al frente de la Generalitat hasta las próximas elecciones autonómicas, que han de celebrarse como muy tarde en el próximo mes de febrero si se cumple el calendario previsto por los soberanistas.

Aunque todo está pactado entre JxCat y ERC, que se miran de reojo para que ninguno de los dos obtenga ventajas electorales de la decisión de la justicia, el acuerdo no ha abordado dos cuestiones fundamentales como qué van a hacer con la convocatoria de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que interesa a ERC y que fue boicoteada por el propio Quim Torra que ha desoído la invitación de Pedro Sánchez y, en segundo lugar, la posición de ambos partidos en cuanto al apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

La parte más imprevisible de las reacciones a la sentencia del Supremo procederá de los Comités de Defensa de la República y de los independentistas más radicales, con nuevos episodios de enfrentamientos y altercados callejeros que alteren el funcionamiento de la ciudadanía y que quieran “visibilizar la represión contra el pueblo catalán” por sus métodos habituales

Quim Torra dejará la Generalitat dos años después de haber accedido a ella como presidente 'vicario' de un Carles Puigdemont huido de la justicia, y que se ha caracterizado por actuar como un activista provocador que no ha cesado de realizar gestos simbólicos y de urgir a que se cumplieran los compromisos del referéndum independentista, para lo que no ha dudado en poner en un brete a otras instituciones como el Parlament, con sus iniciativas al margen de la legalidad, que dividían aún más a la sociedad catalana de la que nunca fue el presidente de todos. Incluso presumía de la desobediencia que le ha costado el cargo. Una inhabilitación recibida con un alivio sottovoce por los independentistas más pragmáticos.