Este viernes, nuestra enfermera Raquel me aplicaba en el CS2, entre sonrisas, dos banderillas de dulce. Dos rehiletes bien puestos al cuarteo, suaves, apenas notados, una agujita por brazo: Moderna antiCovid y antigripal. Frente a la estocada mortal de la peste coronavírica mutable, uno acude presto a reforzar el escudo de la tercera dosis. Y las que hagan falta. Dócil niño de entonces que ponía el muslo a la huella circular que nos dejaba aquella vacuna o al dibujito geométrico que pintaba alguien de bata blanca en mi hombro infantil con una especie de plumín.
Milagro laico de las vacunas que nos ponían y hemos puesto a nuestros hijos, acordándonos de aquellos niños de la polio que batallaban con sus piernas convertidas en hierros y formaban parte del paisaje humano cuando no existían antivacunas, y la medida de la libertad era jugar en la calle y llegar a fin de mes. La ciencia ha erradicado enfermedades infecciosas y ha contribuido a conquistar los niveles socioeconómicos de que disfrutamos. A esta peste contemporánea, una guerra para las generaciones que no hemos padecido ninguna, que ha infectado, oficialmente, a 260 millones de personas y matado a 5 millones en todo el mundo, sólo podemos combatirla con la vacunación masiva y mundial (¡África!).
En España, con cifras muy trágicas de muertes (75.000 en 2020, se calcula), afectados y distanciamientos de las que no nos hemos librado ninguna familia, nos contemplan: La peor cara económica de la Unión Europea. Seis olas del Covid, con 49 días (14 marzo-2 mayo 2020) sin bajar a la calle salvo al súper o pasear al cánido, quien lo tenga. Siete estados de alerta, con cierre del Congreso, declarados inconstitucionales por el TC. Y un Gobierno que dejó al pairo de la "cogobernanza" el rosario de restricciones, como ahora huye —acaso por no molestar a sus privilegiados socios vacos y catalanes— de establecer por Ley un soporte común de reglas de juego para todo el país, en función de la situación epidemiológica en cada región.
Eso sí son pérdidas de libertades democráticas, no que los poderes públicos hagan exigir el "pasaporte Covid", por exclusiva razón de salud pública, para acceder a trabajos cara al público, transporte, enseñanza y ocio (como está ocurriendo en Portugal, Italia, Austria, Bélgica, Francia o Alemania y en algunas autonomías), en vez de proteger la insolidaria "libertad de contagiar" de negacionistas, despistados, malinformados, indecisos o escépticos, que por suerte no son tantos en España (89,2% con las dos dosis). Quien, sin miedo al virus, se excluya de no poder pasar a la disco o no viajar en Navidad, se estará autodiscriminando solo.