La cumbre empresarial sobre el futuro de España ha concluido con un decálogo de peticiones al Ejecutivo en el que le señalan que su política económica debe estar consensuada y exponen sus necesidades para que la actividad productiva acelere y ayude a superar las crisis derivadas de la pandemia. Este documento ha coincidido con la publicidad al elaborado por el PSOE y Unidas Podemos como colofón a las comparecencias en la Comisión de Reconstrucción que se ha seguido en el Congreso. Si del primero se puede afirmar que no hay ninguna aportación que no fueran las previsibles, el segundo se caracteriza por las generalidades y ambigüedades que contiene.
De las conclusiones del documento de los empresarios se derivan muy pocas novedades porque sus peticiones son las de siempre: abogan por tener visión a medio y largo plazo, seguridad jurídica, consenso y diálogo social, colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios, conservar las medidas que están funcionando como los ERTE o las líneas de avales. la reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado que tenga un 20% de peso en el PIB, estabilidad presupuestaria, aceleración de la digitalización, innovación y energías verdes, evitar subidas impositivas y en último lugar resaltan la importancia de la igualdad de oportunidades y del crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación.
Como se observa, esas peticiones no van acompañadas de ningún compromiso por parte de los empresarios para ayudar a conseguir esos objetivos y las intervenciones con un mayor contenido social han quedado olvidadas. No hay compromisos de inversión, tampoco de mantenimiento del empleo, la colaboración público privada suena sobre todo a privatizaciones de las que ya empiezan a dar muestras algunos gobiernos autonómicos, la reindustrialización es una referencia genérica, y por supuesto no quieren oír hablar de una subida impositiva. Nada tampoco se les ha escuchado de luchar de forma decidida contra la elusión fiscal, contra la economía sumergida, nada de cómo superar la brecha de la desigualdad y ninguna referencia a un nuevo contrato social que está en la base del Estado de bienestar y que es el mecanismo esencial de la redistribución de la riqueza.
Han sido diez días de conferencias, de prospectiva sobre el futuro económico del país, pero sin ninguna referencia al cómo ni al cuándo. No se sabe cómo los principales empresarios del país van a contribuir a salir de la crisis más allá de continuar con sus negocios que tratarán de hacer lo más rentables posibles, ni cuáles van a ser sus aportaciones suplementarias, o cuáles van a ser sus sacrificios.
De forma paralela, PSOE y UP han seguido el mismo camino y el documento conjunto de sus conclusiones de la Comisión de Reconstrucción es un ejercicio de voluntarismo en el que las dos líneas ideológicas fundamentales de su actuación, la política fiscal y la laboral, quedan descafeinadas, que justifican por el bien superior de alcanzar un consenso que insufle esperanza ante un panorama desolador. Pero a estas alturas los partidos del Gobierno de coalición y sus socios de ocasión también tienen que decir, cómo van a traducirlo en leyes y normas, cuándo lo van a hacer y de dónde saldrá el cuánto que van a costar.