Lleva razón el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, al afirmar que “El coronavirus no elimina el conflicto político”. Ni el conflicto catalán ni ningún otro, como se ha visto y se ha comprobado durante y después del estado de alarma, unas veces con más virulencia que otras, en función de las estrategias de los partidos. Si ahora se vive un momento de cierta distensión, por la cercanía de las elecciones gallegas y vascas, habría que decir como en la habanera, “no te fíes de la calma, que es madre del temporal”.
Para Aragonés, antes de plantearse hablar de los Presupuestos Generales del Estado, sin los cuales Pedro Sánchez está abocado a la convocatoria de elecciones, es preciso cumplir un primer acuerdo, la convocatoria de la mesa de diálogo sobre Cataluña para resolver ‘democráticamente’ el expediente catalán. El Gobierno, por boca de distintos portavoces, ha mostrado su disposición a que esa mesa se reúna a lo largo de este mes. Sin embargo, el presidente catalán, Quim Torra, no parece estar muy por la labor, recela y recula, está pendiente del Tribunal Supremo, y como lo más probable es que se confirme su inhabilitación, no le va a quedar más remedio que hacer lo que quiere dilatar lo más posible, convocar las autonómicas catalanas.
Por supuesto que a ERC le vendría bien que la reunión no se celebrara, porque en esa mesa y en la segunda reunión no se podrá acordar nada mollar que pueda llevar a sus votantes, mientras que las acusaciones de ‘botiflers’ se escucharían con más intensidad, y siempre podrían hace campaña sobre los incumplimientos del Gobierno. Además, ERC y JxCat tendrán que definir en algún momento que entienden por resolver un problema democráticamente porque eso no significa plantear un trágala en el que solo se aceptan las soluciones en las que se les da toda la razón –referéndum de autodeterminación-, cuando la premisa del Gobierno en esa mesa es ley y diálogo. Pero primero la ley.
Son estas circunstancias locales catalanas las que impiden al Gobierno tener garantizada la aprobación de los PGE con los votos procedentes de los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, que ha padecido en sus propias carnes la volubilidad de los apoyos de ERC. Y es a ERC a quien le toca clarificarse. Hacerlo en este momento con un horizonte electoral tendría para ellos consecuencias negativas, de ahí que recurra a presionar a Unidas Podemos para que no se les dé la espalda y ser el grupo determinantes que garantiza la mayoría absoluta en las votaciones en el Congreso.
Los dos partidos socios en el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ya han abandonado algunos de sus principales acuerdos de gobierno para facilitar unos presupuestos de carácter transversal. Ciudadanos, que despierta recelos en UP y los partidos nacionalistas, ha cedido en sus pretensiones de bajar impuestos, ha reconocido que el diálogo es la forma de resolver el problema catalán y, aunque ha dicho que la convocatoria de “la mesa de la vergüenza les alejaría del acuerdo presupuestario, es un órdago que puede quedar en envite para superar las cuentas de Cristóbal Montoro en 2021 y que no haya elecciones generales antes de que se recompongan y una marea de votos se los lleve por delante. En las circunstancias actuales Ciudadanos es un socio más fiable que ERC.