No es normal lo que está pasando con la Justicia. No es normal que no se haya podido renovar el Consejo General del Poder Judicial por la falta de acuerdo de PSOE y PP. No es normal que los nombramientos que han de hacerse para ocupar las vacantes de los órganos jurisdiccionales se lleven a cabo en función de afinidades políticas.
No es normal que el Gobierno cambie las normas de elección de los magistrados que deben ocupar cargos jurisdiccionales según su conveniencia. Tampoco es normal que el principal partido de la oposición se haya venido negando en redondo a que esos órganos se renueven.
Ni es normal que dependiendo del color de los jueces las resoluciones del Tribunal Constitucional puedan tener un sesgo u otro. O que el Gobierno pacte con los independentistas catalanes que una supuesta "desjudicialización" de la política que no es otra cosa que haya dos varas de medir, una para los que aún quebrando la ley si lo hacen en nombre de sus postulados políticos, no tenga sanción, y otra para el resto de los españoles.
En fin, que el espectáculo y el manoseo de la Justicia por parte de los responsables políticos resulta totalmente insoportable.
Es evidente que resulta urgente que el Gobierno y el PP se sienten a negociar para resolver esta situación de bloqueo y que la elección del Consejo General del Poder Judicial se lleve a cabo con los estándares del resto de Europa, y que el Tribunal Constitucional sea de verdad un Tribunal donde se toman decisiones en función de la constitucionalidad o no de las leyes, no dependiendo de las ideas políticas de los magistrados. No es de recibo que se nos diga a los ciudadanos que, si el Tribunal se renueva ahora, el dictamen sobre determinadas leyes será progresista mientras que si no se renueva esos dictámenes tendrán un matiz más conservador.
Con todo, este espectáculo lo único que se está consiguiendo es que la ciudadanía termine desconfiando de la Justicia. Pero motivos hay más que sobrados. Unos por otros, tanto el Gobierno como el PP son culpables de esta situación.