Con dos años de retraso, las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común han iniciado  la cuenta atrás para la aprobación del paquete legislativo con el fin de su entrada en vigor en 2022. El objetivo es que pueda cerrarse en el próximo Consejo de los ministros de Agricultura de este mes de octubre para poder elaborar los correspondientes reglamentos en los primeros meses del próximo ejercicio.
En paralelo a las negociaciones en Bruselas, Agricultura trata de  avanzar lo más rápidamente posible en las negociaciones con las Comunidades Autónomas para definir el modelo de Plan Estratégico, negociaciones en las que existen más acuerdos que desacuerdos entre los diferentes gobiernos regionales. Antes de que acabe el año está prevista una nueva reunión con las Comunidades Autónomas de cara a cerrar definitivamente ese Plan en los primeros meses de 2021, tenerlo listo para presentar un borrador informal en el primer semestre del próximo año y otro definitivo en el segundo. Siguiendo este calendario, podría aprobarse por la Comisión en 2022 y disponer de tiempo para elaborar los desarrollos legislativos para su aplicación al comienzo de 2023.
A pesar del retraso en las negociaciones para elaborar la nueva reforma de la PAC, entre otros motivos por la falta del Marco Financiero Plurianual 2027, los ministros de Agricultura tienen que decidir ahora sobre la posición final en relación con algunas cuestiones claves para el sector, entre las que destacan la aplicación de los ecoesquemas, las medidas de condicionalidad y las ayudas directas.
España comparte la posición de la Presidencia alemana para que los ecoesquemas sean obligatorios para todos los países miembros, contando con un presupuesto mínimo, con una reserva de fondos desde el primer pilar o pagos directos y además que cuenten con una flexibilidad financiera. Para los ecoesquemas se mantienen posiciones muy diferentes, sobre todo en lo que afectan a la asignación  de recursos. Se baraja una banda de entre un 13% y hasta un 30% de los fondos. En España, la posición actual es que sean un 15%.
Los ministros comunitarios deben definir aún su última posición sobre la condicionalidad. En este punto, España apoya que cada país pueda determinar un porcentaje de retirada tierra no productiva en función de sus condiciones específicas pero, caso de tener que apostar por una política común, se plantea que las Superficies de Interés Ecológico se mantengan en el 5% de las superficies de cultivo.
Un aspecto clave que afecta a la distribución de ayudas y de los objetivos de las mismas es que los  gastos en el medio ambiente deben suponer al menos un 40% de los fondos, porcentaje donde entrarían los ecoesquemas.
Un tercer aspecto clave es la filosofía sobre el pago de las ayudas directas, donde las posiciones mayoritarias apuestan por un techo de 100.000 euros tras deducir costes laborales y la aplicación de recortes progresivos a partir de los pagos de 60.000 euros.
Una novedad importante es que Bruselas quiere un mayor control de los fondos, no solo sobre su perceptor para evitar fraudes en su asignación, sino de su uso para que se cumplan los objetivos para los que se concedieron.
A partir de las grandes líneas de actuación comunitarias, como la exigencia de que al menos un 40% del presupuesto vaya para la llamada “arquitectura verde”, cada país  tiene por delante su Plan Estratégico entre cuyos objetivos se halla la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, el empleo, garantizar la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el cambio climático.
De cara a ese Plan, en España hay acuerdo mayoritario entre las Comunidades Autónomas para llevar a cabo un proceso de convergencia de ayudas desde 2023 para culminar en 2025 que conllevaría en esa fecha la eliminación de los derechos individuales históricos para iniciar el pago de ayudas por superficie. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla La Mancha y unos de los pioneros en la lucha para su eliminación junto con Aragón o La Rioja, entiende que trata de corregir una injusticia para muchas zonas  y una demanda general solo con la   resistencia de Andalucía, donde   las ayudas son elevadas. Considera que el sistema de convergencia aplicado desde 2015 ha sido un fracaso y no tiene sentido que un agricultor por la misma actividad cobre ayudas diferentes. En esa línea, Agricultura baraja la posibilidad de efectuar una gran reducción de regiones, desde las 50 actuales a menos de una docena con, por ejemplo, solamente dos en herbáceos o leñosos, una para secanos y otra en regadío.
Un segundo punto es la definición de los destinatarios. En este sentido se mantiene la condición de agricultor genuino como destinatario prioritario de las ayudas cuando sus ingresos por la actividad agraria supongan entre un 20%y un 30% de todos sus ingresos. Esos agricultores tendrían acceso a la Ayuda Básica a la Renta  con los pagos directos así como  con los apoyos por programas de los ecoesquemas. Junto al agricultor genuino se añadiría la figura del genuino plus, colectivo donde se hallarían los agricultores cuyos ingresos por la actividad agraria se eleve al 50% de todo sus ingresos. Para este colectivo los ingresos serían como Ayuda Básica a la Renta, por los ecoesquemas y con los pagos redistributivos de fondos logrados en base a los recortes hechos a los beneficiarios que superen los 60.000 euros. Finalmente, para los pequeños agricultores el sistema se simplifica al máximo con un pago fijo de entre 1.200 y 2.500 euros si dispone de una superficie de entre seis y 10 hectáreas para percibir entre 200 y250 euros por hectárea.
Desde Castilla La Mancha, su consejero de Agricultura, Francisco Martínez, abunda en la necesidad de que los ecoesquemas se incluyan en el objetivo del 25% de la superficie ecológica. Reclama que el importe de los pagos acoplados  aumente del 12% actual hasta el 15% para hacer frente las necesidades de algunas cabañas ganaderas o cultivos como el olivar de montaña o de bajo rendimiento.