El pasado 31 de octubre Juan Sisinio Pérez Garzón, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la UCLM, publicaba en El País un clarificador artículo que ha pasado desapercibido, pese a la oportunidad de este. En Datos necesarios para la Memoria histórica cuestionaba algunos de los dogmas que se vienen aportando de manera interesada en el debate historia/memoria desde 2007, tales como la ausencia de compensaciones y reconocimientos a los represaliados del franquismo. Dejaba ver Pérez Garzón que «los sucesivos gobiernos de UCD y del PSOE desarrollaron una detallada normativa que ha beneficiado exactamente a 608.683 personas que, por republicanas (fusiladas, encarceladas, sobrevivientes o depuradas) o por haber sufrido cárcel en la dictadura, han sido rehabilitadas y restituidas desde 1978 como acto de justicia democrática… Pero es necesario saber que las compensaciones económicas (pensiones, indemnizaciones, etc.) incluidas en los sucesivos presupuestos del Estado desde 1978 hasta 2020 suman ya un total de 21.748 millones de euros». Por tanto, no todo el discurso de la Memoria histórica puede construirse desde la lógica del olvido.
Ahora, con el proyecto de ley de Memoria Democrática y la enmienda parcial del PSOE y UP, se vuelve a rizar el rizo al pretender cuestionar la Ley de Amnistía de 1977, al amparo del derecho internacional y de la imprescriptibilidad de ciertos delitos de lesa humanidad. Una iniciativa de la izquierda parlamentaria del momento, por más que ahora traten de desvirtuar –o de callar y silenciar– aquella iniciativa, como hace Enrique Santiago, secretario general del PCE, en un pomposo artículo sobre las últimas oportunidades para la justicia, haciendo un flaco favor a sus compañeros de 1977 –fue ponente Pilar Bravo por el PCE y Marcelino Camacho defendió la iniciativa de la Ley de Amnistía en el Pleno del Parlamento–. Algo parecido podría decirse del PSOE esforzado en tareas extemporáneas. Por más que el ministro de Presidencia y Memoria histórica, Félix Bolaños, trate de quitar contenido a la enmienda pactada con Unidas Podemos. Si las cosas –según Bolaños– van a seguir igual con la repetida Ley de Amnistía de 1977, no se entiende la necesidad de la enmienda introducida, salvo que sea un juego de sombras chinescas. 
Cual no será el despropósito en el que estamos instalados que ha tenido que salir a la palestra la última directora de El País, Soledad Gállego-Diaz, dando un toque de atención y de arrebato con su artículo La gran confusión, para tratar de desmontar la lógica del despropósito que de un tiempo a esta parte se viene enseñoreando de todos nosotros.