El sector agrario se presenta este año ante su patrón, San Isidro, con la cesta de peticiones bien cargada. Hay problemas viejos cuya solución no llega a convertirse en realidad pero, sobre todo, lo que hay son muchas dudas e incertidumbres sobre el futuro de su actividad a medio y largo plazo, con la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones como eje.
El conjunto de la actividad agraria, con solo algunas excepciones puntuales en materia de precios percibidos en algunas producciones como cereal u olivar, arrastró en el último año una situación de claro desajuste entre los costes de producción y los cobros percibidos por sus productos, situación que la guerra en Ucrania no ha hecho más que agravar. Con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, desde Uniones Agrarias se estima que, frente a un incremento en 2021 del 9% en los precios percibidos, la subida en los precios medios pagados se acercaba al 14%, lo que supone haber trabajado durante todo ese periodo asumiendo pérdidas.
Esta situación, que ya pasa de ser coyuntural, se produce a pesar de que el sector agrario cuenta con la Ley de la Cadena en su última versión, una norma que debería garantizar que los precios de venta en origen no pueden estar por debajo de los costes de producción en base los índices elaborados por el propio Ministerio de Agricultura y complementados por los de las comunidades autónomas y, a la postre, por los de cada explotación. Dada la complejidad de esas exigencias y, sobre todo, la desigualdad del poder negociador entre un agricultor o ganadero individualmente y la fuerza de los operadores e industrias, la verdad es que en el propio sector surgieron muchas dudas sobre su eficacia para lograr esos objetivos. La realidad ha venido a confirmar las sospechas a pesar de los refuerzos puestos en marcha desde el Ministerio para las tareas de registro y control de las operaciones. A la espera de que mejore el comportamiento de esa Ley de la Cadena, el sector se erige como el perdedor. Los costes de producción, que hace unos años se situaban en el 45% del valor de la producción final agraria, pasaron a superar el 50% para desembocar, como consecuencia de los acontecimientos en la economía mundial, en más del 60%.
Hay que reconocer que el Ministerio de Agricultura, aunque tarde, ha hecho un importante esfuerzo con ayudas directas para las explotaciones de vacuno de leche y están a la espera otras para otros sectores más afectados en materia de costes como producciones ganaderas de carne o los cítricos. Pero, la realidad es que en el conjunto de las producciones ganaderas existe miedo a producir más en tanto en cuanto ello supone aumentar más los costes y, en consecuencia, también pérdidas, por lo que se están reduciendo las cabañas con los consiguientes efectos a futuro sobre los mercados.
A corto plazo, ante la festividad del patrón, el sector agrario se presenta con dudas e interrogantes sobre la próxima Política Agraria Común, para la que globalmente se mantienen prácticamente los mismos recursos financieros que en el pasado, pero que son inferiores si se tiene en cuenta la inflación. Además aparecen nuevos compromisos y exigencias en materia de medio ambiente, sostenibilidad, seguridad o bienestar animal incluidos en las estrategias 'Biodiversidad 2030' o 'De la granja a la mesa'. Esto se traduce en más medio ambiente, menos fertilizantes inorgánicos, menos uso de zoo y fitosanitarios, mayores costes y las fronteras más abiertas a las importaciones para las que no se piden los mismos carnets de producción.
Renovarse o morir.
El sector se ve así obligado a afrontar un fuerte proceso de actuaciones en innovación y digitalización y a avanzar en las políticas de ahorro y eficiencia en todos los insumos. Pero estas importantes iniciativas no caen del cielo y necesitan de inversiones, no tanto por parte de los agricultores y ganaderos que ya están a las puertas de la jubilación como de los pocos jóvenes que se tratan de incorporar a la actividad con pérdidas.
Finalmente, con los incrementos de los costes de producción descontrolados y sin ser cubiertos por los precios percibidos, muchos agricultores y ganaderos se enfrentan al miedo de seguir siéndolo de acuerdo con el actual modelo de explotación familiar y seguir asumiendo altos riesgos. En su estudio Agromatrix Revolution, el responsable de los servicios técnicos de COAG, José Luis Miguel analiza la actual situación del modelo social y profesional de la agricultura y su futuro a la vista del comportamiento de otros parámetros, como el peso en el campo de los grandes grupos económicos o el desembarco de fondos de inversión, todo ello en el marco de la necesaria digitalización de la actividad para hacerla más rentable y competitiva sin dejar a un lado las nueva exigencias de la Política Verde en la nueva PAC.
Con los desajustes entre costes e ingresos, en los últimos tiempos, según señalan medios del sector, se ha producido un incremento en el número de ganaderos de porcino que optan por trabajar en integración para un gran grupo antes que hacerlo como ganaderos independientes con su propia explotación al socaire de los mercados. Esta situación ya se produce en otros sectores como el de la uva de mesa, denunciada en su día por COAG como un proceso de "uberización" de la actividad agraria, donde muchos profesionales se están convirtiendo en simples asalariados de grandes grupos. Y la previsión es que esto seguirá produciéndose en otros sectores.
Destacan desde COAG que, del millón de explotaciones agrarias, el 94% son titulares físicos con una edad media superior a los 60 años y solo un 6,6% son titulares jurídicos, empresas y en parte cooperativas. Sin embargo, ese 6,6% supone el 42% del valor de la producción agraria.
En este escenario se avanzaría hacia una actividad ejercida, en lugar de por agricultores y ganaderos, por asalariados al servicio grandes grupos. Y volveríamos a lo que era San Isidro en el siglo XI: se cuenta que un pequeño agricultor en la localidad madrileña de Valdelaguna pasó a ser un asalariado al servicio de familias pudientes en Madrid. Patrón oficial del campo desde 1960 por decisión del papa rural Juan XXIII.