Las familias de la provincia de Ciudad Real han vuelto a encabezar en 2021 las cifras de ejecuciones hipotecarias tras años en los que eran las personas jurídicas, las empresas, las que eran las propietarias de los inmuebles que salían a subasta por impagar la hipoteca. Así lo señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles y en los que apuntan a un aumento de las ejecuciones en las personas físicas y un abrupto descenso en las jurídicas.

En concreto, durante el año 2021, se iniciaron 101 procedimientos de ejecución hipotecaria, un 50 por ciento menos, respecto a las que hubo en 2020, siguiendo una tónica de caída de este procedimiento judicial desde 2018, cuando hubo 413 procedimientos iniciados. Tras esta reducción se encuentra ese descenso de las ejecuciones hipotecarias a empresas, que pasan de 154 en el año de la pandemia a solo 19 en el pasado, mientras que las viviendas procedentes de familias casi se duplican al pasar de 43 a 82 en los doce meses del pasado año. Habría que remontarse a 2017, la última vez en que las familias encabezaban las ejecuciones hipotecarias para encontrar la última vez que las personas físicas lideraban esta estadística, también con unos 80 procedimientos.

Parte de este cambio entre quienes encabezan la estadística se encuentra en que es la vivienda de segunda mano, 94 de las ejecuciones, la que copa los procedimientos. Solo en siete viviendas de obra nueva se ha procedido al cobro de las deudas y a la subasta del inmueble.

Pese al aumento de las ejecuciones sobre familias, el dato en la provincia de Ciudad Real sigue siendo el menor de los últimos años, no solo por las 101 viviendas, sino también sumando las ejecuciones de fincas rústicas o de otros inmuebles urbanos, como trasteros y cocheras. En total ha habido 156 ejecuciones, por 279 del año anterior; las 488 de 2019; o las 627 que se ejecutaron en 2018. Esta caída se mantendrá seguramente en 2022, donde en cifras regionales, hay 774 ejecuciones hipotecarias iniciadas hasta el mes de junio. En Castilla-La Mancha, en los seis primeros meses del año pasado se había superado el millar de ejecuciones.