La Justicia Penal no ha tenido en Ciudad Real un desarrollo racional, preciso, como debería haber sido. Así lo ha aseverado este lunes el fiscal jefe, Luis Huete, en su comparecencia ante los medios de comunicación para repasar los últimos datos relativos a la criminalidad y  los asuntos registrados en la Fiscalía Provincial en el último año. Ha habido un incremento en todos los órdenes y pese a ello los fiscales de Ciudad Real han conseguido reducir el número de procedimientos en trámite, un asunto que sigue lastrando la Justicia en esta provincia. De ahí la declaración del fiscal jefe respecto a que la Justicia en Ciudad Real no ha tenido el desarrollo que debería sobre todo en el orden penal.

Por ello, considera esencial separar las jurisdicciones. Los juzgados de Ciudad Real son de Primera  Instancia e Instrucción y ello "no permite que se trabaje con la agilidad que sería necesaria". Para el jefe de la Fiscalía, es "imprescindible" que se cree algún juzgado más de Primera Instancia e Instrucción para poder proceder a la división de jurisdicciones y, de este modo, tener un juzgado exclusivamente dedicado al Derecho Penal. Del mismo modo, considera que urge un Juzgado específico de violencia de género porque lamentablemente no cesa, va a más.
En cuanto a la plantilla, siempre dice que se necesitan más fiscales. De hecho, el año pasado ya pidió que se crearan dos plazas  más en la Sección Territorial de Manzanares y otra en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Este año, recientemente, se ha incrementado la plantilla: se ha creado una plaza más de fiscal en Ciudad Real y otra en Manzanares.  No obstante, el número sigue siendo exiguo para prestar servicio a la tercera provincia de España más grande en extensión, con municipios alejados unos de otros y un buen número de ellos con una población considerable. En 2021 la falta de fiscales y la gran carga de trabajo han hecho que se trabaje "sin paracaídas", ha llegado a señalar Huete.
En cuanto a los números registrados en la Fiscalía Provincial en el último ejercicio, ha hablado de un "incremento notable". Además, los fiscales adscritos a Ciudad Real han tratado de "paliar un poco" los efectos de los tres meses de paralización de la Justicia por la  pandemia, que supuso unos "retrasos importansísimos" en los juzgados. "Estamos trabajando para contribuir a desahogar los juzgados". 

Robos y delitos contra la seguridad del tráfico, los más cometidos. Aunque Ciudad Real es una de las provincias más seguras de España no se salva del incremento de la criminalidad registrado en todo el país con números anteriores a la pandemia. Los robos y los delitos contra la seguridad del tráfico han aumentado en el último año. De hecho, el mayor incremento se encuentra en los delitos por conducción bajo los efectos del alcohol y sin permiso de circulación. Los procedimientos por hechos delictivos cometidos en la red, esto es, los delitos informáticos se han incrementado un 52%. Un asunto que preocupa el jefe de la Fiscalía, ya que a la vista de la constante evolución de estos hechos delictivos teme que seguirán aumentado. 

Huete: "La Justicia no ha tenido el desarrollo que debería" - Foto: Rueda Villaverde

En general, durante el pasado 2021 los fiscales de Ciudad Real han incoado 12.737 diligencias previas frente a las 11.918 de 2020, lo que supone un aumento del 6,9%. Aun así,  se logró reducir la pendencia, los asuntos pendientes de otros años, que pasaron de 6.777 a 5.325 en un año.

El fiscal jefe ha destacado en su comparecencia que el trabajo "se centra en proteger sectores de la sociedad que pueden ser los más débiles, como sucede con la discapacidad" y en la protección de menores. También, "se ahonda cada vez en aspectos de la parcela penal que tiene una función directa, desde las especialidades, de protección del medio ambiente, protección de las víctimas de los delitos, protección de la seguridad de los trabajadores en la prestación de su trabajo, persecución y enjuiciamiento de los cada vez más numerosos delitos informáticos, de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social".

La Fiscalía de Ciudad Real, a través de la fiscal delegada de Menores, está presente en el Comité Provincial de coordinación para refugiados procedentes de Ucrania constituido en marzo de este año y con reuniones semanales, "teniendo un conocimiento global de la situación e intervención realizada en nuestra provincia con todos los refugiados procedentes de Ucrania". 

De 33 demandas de discapacidad a más de 500. La teniente fiscal y delegada autonómica de la Sección de Civil, Carmen Mendiola, ha hablado de este ámbito dedicando especial atención a los procedimientos relativos a la discapacidad, cuya denominación ha cambiado a raíz de la nueva ley.

Los procedimientos de discapacidad, antes de incapacidad y ahora denominados procedimientos con provisión de medidas de apoyo han generado mucha carga de trabajo habida cuenta de que se han tenido que revisar todas las sentencias vigentes en las que se establecía la discapacidad total o parcial de estas personas. Con la nueva ley desaparece la figura del tutor y se potencia la del trabajador social. Lo que no ha cambiado es el control y protección de estas personas por parte de la Fiscalía. De 33 demandas interpuestas se ha pasado a más de 500; se han tenido que revisar miles de sentencias y realizar informes. De 1.947 en 2020 se ha pasado a 2.547 informes en 2021, ha indicado la teniente fiscal tras repasar el resto de asuntos de materia civil que llevan los fiscales.

La Fiscalía es garante de todas las personas discapaces, de su patrimonio y cuidados. La nueva ley, ha recalcado la teniente fiscal, simplifica los procedimientos y "ahora se introducen cuatro figuras, la primera es la regulación preventiva o voluntaria, el ejercicio de los familiares de guarda de hecho, aunque no tengan apoyo judicial, las medidas de apoyo con nombramiento de defensor judicial para algo concreto y si el proceso sigue en el tiempo introducir la figura de curador. El sistema prima la asistencia a estas personas", ha indicado Mendiola.

En cuanto a la figura del trabajador social ha explicado que su informe es necesario para interponer la demanda. La nueva ley permiten que particulares puedan iniciar un procedimiento de provisión de medidas en los juzgados, sin que sea necesaria la figura del abogado o procurador.

La también fiscal autonómica de la Sección Civil también ha hablado de los procedimientos matrimoniales: 1.505, frente a los 1.417 de 2020. La mayoría de estos asuntos son de divorcio. En este contexto, se ha referido a los procedimientos de modificación de medidas derivados de la guarda y custodia de hijos.
Aplican por primera vez el tipo agravado en un delito de incendio.  La Fiscalía ha aplicado por primera vez el tipo agravado en un delito de incendio forestal, ha destacado la fiscal delegada de Medio Ambiente, Arantxa Vinuesa. Ocurrió en Puertollano el año pasado y aún no se ha señalado el juicio, pero ya se ha formulado escrito de acusación. Fue un incendio por imprudencia, realizar trabajos agrícolas sin autorización, y se ha aplicado por primera vez el tipo agravado en incendios forestales por la superficie quemada (233 hectáreas) y daños causados por valor de 281.681 euros.
En cuanto a los datos del informe anual, la fiscal delegada de Medio Ambiente ha dicho  que se observa un aumento en los delitos de maltrato animal, que se han duplicado. También ha habido un incremento en los delitos contra la flora y fauna e incendios forestales. Por contra, se han reducido los casos relacionados con el furtivismo. Del mismo modo, se han reducido los hechos delictivos de caza con medios indiscriminados: venenos, lazos, trampas ... El descenso de estos delitos contra especies protegidas es fruto de la labor de los agentes del Seprona y medioambientales.