Cuatro personas se van a sentar el próximo martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real para responder de un delito de falsedad documental en relación a unos contratos ficticios de suministro energético. 

Según el relato de hechos de la Fiscalía, basado en informes y testimonios, los encausados se valieron de su condición de comerciales de una empresa de actividad eléctrica y energética para cambiar el contrato a medio centenar de personas sin su consentimiento. Cuando les llegaba la factura descubrían que habían sido dados de alta en otra empresa. 

El modus operandi era acudir a las viviendas y decirles a los propietarios que iban a mejorar las condiciones de los contratos que tenían suscritos. De este modo, les pedían una factura para un estudio de consumo y posteriormente ponerse en contacto con ellos para concretar las condiciones y, en su caso, concertar el contrato. Una vez que se hacían con el documento procedían a rellenar un contrato falso con su empresa de energía con los datos de las personas sin conocimiento ni consentimiento, haciendo constar el nombre y apellido del contratado, el domicilio, cuenta de carga, fecha y firmado por el supuesto titular. 

El cliente, que no había prestado su consentimiento ni firmado el contrato, era dado de baja de su empresa de suministro energético causando alta en la empresa para la que trabajaban los acusados, descubriendo el hecho cuando recibían la facturación de la nueva empresa suministradora.

La Fiscalía pide una condena de dos años y seis meses de cárcel para los encausados M.A.A.G. y L. A. M. por un delito continuado de falsedad en documento público, además de una multa de doce meses a razón de una cuota diaria de diez euros y una responsabilidad personal subsidiaria de 180 días de privación de libertad en caso de impago.

También por un delito continuado de falsedad documental la encausada de iniciales P. L.R. se enfrenta a una condena de dos años y cuatro meses de cárcel y una multa de once meses a razón de una cuota diaria de diez euros. En su caso, si no abona la multa, se le condenaría a 165 días de prisión.

Para la acusada que responde a las iniciales E.M.G.G., la Fiscalía solicita una pena de año y seis meses de cárcel por falsedad documental y una multa de ocho meses con una cuota diaria de diez euros. En caso de impago, sumaría 120 días de prisión.

El Ministerio Fiscal pide que se indemnice a los afectados. No obstante, podría alcanzarse un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal, el letrado de la Abogacía del Estado y las defensas. De ser así, el juicio quedaría reducido al reconocimiento de los hechos y asunción de la condena.