Diferencias económicas frenan traspaso de parques nacionales

Ana Pobes
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La Junta pide ocho millones de euros para llevar a cabo el traspaso, una cifra que no convence al Estado, que ofrece algo más de seis millones. Confían en que el acuerdo llegue en este mandato

El tema económico frena traspaso de los parques nacionales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha marcaron en rojo el año 2022 como la fecha definitiva para culminar el traspaso de competencias de los parques nacionales de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros al Gobierno regional, pero de momento este año, a tres meses de despedir el ejercicio anual, no será posible.

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue negociando con el Ministerio el traspaso de competencias de ambos parques, pero el proceso se encuentra aún en fase de discusión por diferencias económicas. La cifra de ocho millones de euros que el Ejecutivo autonómico pide para afrontar las transferencias no convence al Gobierno de Pedro Sánchez, que ofrece algo más de seis millones de euros. La intención del Ministerio es transferir los parques en base al presupuesto del año anterior de producirse la cesión, y desde la llegada de la crisis, en 2008, las cuentas del Estado han ido mermando, por lo que desde el Gobierno regional argumentan que no es lo mismo asumir las competencias en 2022, por ejemplo, que en los años anteriores a la crisis, cuando las cuentas ministeriales eran más boyantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El director general del Medio Natural, Félix Romero, en declaraciones a La Tribuna, lamenta la discusión siga siendo el precio, pero «tenemos muy claro que no vamos a asumir unas competencias de algo infradotado presupuestariamente, sobre todo también por justicia con lo que ha ocurrido con otras comunidades autónomas», argumenta, al tiempo que recuerda que el resto de regiones llevaron a cabo todas las transferencias antes de la crisis de 2008, cuando «recibieron unas cuantías acordes a las necesidades de cada parque nacional». A partir de ese año, «cae la economía y las inversiones en los presupuestos en estos espacios naturales», por lo que el cálculo que se realiza para el traspaso sobre la base del año anterior «no es suficiente» para la Junta de Comunidades. «El cómputo que había cuando se plantearon las transferencias, en el año 2004, era mayor al actual. En los últimos años ha habido un declive presupuestario importante, por lo que no tiene sentido coger transferencias con una reducción de los presupuestos», insiste Romero.

«Esto es aritmética pura, y está escrito en la legislación», subraya el director general del Medio Ambiente, quien confía en que se selle un acuerdo en esta legislatura de cara a que en el próximo mandato, 2023-2027, se materialicen las transferencias. En este sentido, reconoce que las negociaciones continúan y que existe voluntad por ambas partes para encontrar una solución. «Estamos intentando justificar ante el Ministerio que esa cuantía no es suficiente. Hay una anomalía constitucional que se debe resolver, y se debe hacer lo antes posible», señala.

El Gobierno regional tiene sus cálculos de inversión y coste, y el Ministerio que dirige Teresa Ribera, los suyos. Las cifras no coinciden, y por lo tanto, no hay acuerdo para llevar a cabo el traspaso de estos dos parques, que al menos este año seguirán manteniendo el apellido de 'nacional'. En 2004, el Constitucional otorgó la gestión de parques nacionales a las comunidades autónomas. A partir de entonces se inician la mayoría de todas las transferencias, a excepción de Castilla-La Mancha, que no las tomó en ese momento. Se trata de los dos únicos parques de la red nacional que no están transferidos.

Con la mirada en 2023. Hace algo más de un año, concretamente en el mes de abril de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitó el Parque Nacional de Cabañeros acompañada del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ambos representantes institucionales se reunieron para avanzar en la transferencia de la competencia sobre los parques nacionales de la provincia, gestionados a día de hoy por el Gobierno de España a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), para que sea la comunidad autónoma la que gestione estos espacios y confiaron en que a lo largo de 2022 se procediera a esta transferencia. El líder del Ejecutivo autonómico se mostró convencido de que se iba a llegar a un acuerdo, y aseguró que con el traspaso de transferencias «todo el mundo saldrá ganando». Sin embargo, de momento, ese consenso aún no se ha producido y ahora hay una nueva fecha marcada en rojo en el calendario, 2023.