Ahora es el momento, o de lo contrario toca esperar doce años para cumplir la promesa electoral de modificar la zona azul de la capital. En el año 2013, gobernando el PP, el Ayuntamiento adjudicó por veinte años la zona azul de la ciudad. En el 2014 una plataforma ciudadana recogía más de 10.000 firmas contra esa adjudicación y los partidos en la oposición se comprometían de cara a las elecciones de 2015 en revisar la adjudicación de zona azul hasta llegar a su supresión. Los servicios técnicos indicaron, pasadas las elecciones, la imposibilidad de llevar a efecto el compromiso electoral de la anulación del contrato por las consecuencias económicas que se derivarían de ello.
Hace unos días, la concejala de Urbanismo indicaba la disposición del Ayuntamiento para la creación de la zona de bajas emisiones, es decir, un Ciudad Real Central, donde además se llevarán a efecto nuevas peatonalizaciones. Para ello, indicaba la concejala, se hará necesario reponer en otras vías 76 nuevas plazas de zona azul consecuencia de la desaparición que se produce por el nuevo plan de peatonalización de estas nueve calles, donde, por cierto, viendo el gráfico presentado se queda sin peatonalizar parte de la calle Prado, calle Camarín y calle de la Rosa hasta llegar a la Plaza de la Constitución, alguna razón puede existir desde movilidad que no acabo de comprender, pero en principio lo más lógico es unir peatonalmente las tres plazas, Prado, Mercedarios y Constitución, además, a modo de cierre del anillo central. Pero, siguiendo con la zona azul, que sobre las peatonalizaciones se podrá hablar otros días conforme avanza la planificación, éste es el momento de poder cumplir con la promesa electoral de 2015.
La peatonalización de nuevas calles no supone necesariamente tener que reponer nuevas plazas de zona azul en otras vías para mantener la concesión al adjudicatario. El cierre al tráfico de determinadas calles de la ciudad, con peatonalización o sin ella, es consecuencia de la necesidad de acometer un plan de movilidad sin emisiones, donde la movilidad a pie, en bicicleta y desde otros modos de transporte asociados con hábitos de vida saludable, no deriva de la decisión unilateral del Ayuntamiento de modificar la ordenación del tráfico suprimiendo aparcamientos y peatonalizando calles, que iría claramente contra el pliego de condiciones particulares. Se trata de adaptar la ciudad a ley de cambio climático y transición energética, que es de obligado cumplimiento para las ciudades de más 50.000 habitantes.
Está claro que, desde el 2013 que se licita el contrato, a día de hoy, se han producido cambios sustanciales en la legislación que obligan a modificar el contrato suscrito con la empresa adjudicataria del servicio de zona azul. Si la negociación con el concesionario para un acuerdo por ambas partes para modificar el número de plazas actuales, sin necesidad de extender la regulación a nuevas vías públicas, no resulta posible, si el empresario no acepta la modificación, el Ayuntamiento puede modificarlo unilateralmente, previa audiencia lógicamente al interesado, en base a la Ley de Contratos del Estado. Pero, ojo, que es muy posible que las condiciones sobrevenidas de modificación de la movilidad en el área objeto del contrato, y en función del tamaño del plan que termine diseñando el Ayuntamiento, podría dar pie a la resolución del contrato con una pequeña indemnización del 3% del importe del contrato. Antes de acometer y tomar ninguna decisión se hace necesario un informe de los servicios jurídicos. 
Recordar a los políticos compromisos pendientes es desagradable, pero resulta necesario para la salud democrática. Los ciudadanos tienen una memoria fresca que retiene los datos, otra cosa es que, llegado el momento, y también por la misma salud democrática, decidan su voto en función a otras consideraciones de mayor calado dentro de la parrilla de candidatos. Pero de ahí al conformismo, a no recordar aquello que en su día se prometió para decantar el voto y no se realizó, lista un largo trecho.
En su día muchos miembros del actual equipo de Gobierno firmaron y recogieron firmas para suprimir la zona azul, sabiendo que era imposible realizarlo; ahora, que existe la oportunidad real para llevar a efecto aquella iniciativa y posterior acuerdo de la coalición de gobierno de 2015, sin menoscabo para las arcas municipales, y se puede cumplir lo prometido, es el momento de acometerlo con decisión. Más de 10.000 ciudadanos pusieron su firma.