No ha tardado en llegar la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha a la crítica lanzada ayer desde la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre el coste que podía tener en la economía de los regantes el menor trasvase de agua del Tajo al Levante por las nuevas condiciones en los caudales ecológicos de los planes de cuenca.

Su presidente, Mario Urrea, estimó pérdidas en torno a 122 millones de euros y 5.000 empleos directos por la reducción en 12.000 hectáreas de la superficie productiva, a lo que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, respondió que los cometidos de la Confederación «no son esos». Consideró la cuestión «surrealista» y las declaraciones de Urrea «desafortunadas», alegando que fue el trasvase el que negó empleos y desarrollo a Castilla-La Mancha al no permitir que el agua generase riqueza en esta tierra. El representante de los regantes murcianos felicitaba a Emiliano García-Page por su defensa de los intereses regionales: «algo debemos estar haciendo bien cuando los regantes de Murcia dan la enhorabuena al presidente de esta tierra» zanjó Arroyo ante esas palabras de elogio.

La portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, incidió en que la situación del Tajo «es insostenible" y que "la gente de nuestra tierra también tiene derecho a desarrollarse en torno al agua».