Adama se enroló en una patera, como otros tantos inmigrantes, buscando una solución a sus vidas. Poco o casi nada se sabe de su periplo en la provincia de Ciudad Real, más allá de sus estancias en varios centros de Cáritas Diocesana (Casa Jericó y Casa Abraham, de Daimiel). Murió el 10 de octubre de 2022. Quienes le trataron, dicen que era un chico con problemas de salud mental y adicciones fuertes, circunstancias que difícilmente son separables de la condición de inmigrante sin papeles, de persona sin hogar, de caminante sin futuro. Adama lleva cuatro meses esperando sepultura desde las frías cámaras del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Las administraciones se encuentran en la tesitura de qué hacer en estos casos donde el arraigo en destino es nulo, la comunicación con familiares es imposible, mientras se prolonga una estancia inerte y fría en una cámara frigorífica. La burocracia es uno de los males de este país. Es tal la desconfianza, la corrupción y la mezquindad de delincuentes del pasado y no tan del pasado, que la administración (y el funcionario en cuestión) se ha parapetado en la maraña de procedimientos que poco o nada importa la ética, la moral, la humanidad. El ciudadano de a pie soporta cada día ver su expediente relegado en una pila de papeles o en esta época digital en la cola de emails, protocolos informáticos que su caso sea resuelto. A veces se aduce falta de medios, de personal; las otras, a la carencia profesional, de compromiso con el puesto que desempeñan los empleados públicos, sin objetivos empresariales ni incentivos personales que les empujen a un celo mayor por su trabajo. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, suele reconocer en sus intervenciones públicas la poca celeridad de las administraciones a la hora de relanzar proyectos, iniciativas o ayudas públicas para que empape cuanto antes a la realidad social necesitada. La burocracia ralentiza licencias, listas de espera sanitarias, subvenciones, permisos para emprender… y en el caso que nos ocupa, también se eterniza en dar sepultura. 
En este encorsetamiento administrativo, donde los buzones de sugerencias y de quejas apenas influyen en las decisiones del día a día, hay ocasiones en que la deshumanización prevalece por el cumplimiento normativo antes de buscar la solución o la justicia. Y hay otras veces que se buscan atajos para enmendar el problema y es la justicia quien castiga por ese celo a la letra pequeña. Con Adama han tenido que pasar hasta cuatro meses para que las administraciones tomen cartas en el asunto. Reconozco que es un caso peculiar y poco frecuente donde la solución debería haberse acortado si algunas de las instituciones púbicas hubieran sido más receptivas a la hora de asumir los costes del enterramiento. Porque, como suele ocurrir, a veces importa más el dinero que cumplir con el deber humano de enterrar un cuerpo inerte, aunque sea hacer una excepción en la norma general. Puedo entender también que si esa excepción se convierte en norma genere dolores de cabeza y será, entonces, cuando haya que normalizarlo a través de una ordenanza municipal o una ley. Yasí evitar un sonrojo.