Un día sí y otro también, la vida nos ofrece sobresaltos sobre aconteceres que nunca se desearían, como el asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras, Diego Valencia, y las heridas causadas al vicario parroquial de San Isidro, Antonio Rodríguez Lucena, registrándose la detención del supuesto agresor, Yasine Kanjaa, de nacionalidad marroquí, de 25 años, que ha actuado aparentemente solo, según las primeras investigaciones policiales.
Independientemente de que, además de tristeza, produce un profundo rechazo cualquier muerte en estas condiciones, lo que se ha vivido en estos días en torno al suceso en una zona ejemplo de convivencia entre culturas ha sido una mezcla de dolor, pero también de serenidad, en buena parte de la población residente y un cierto intento de politización por algunos partidos políticos que, en estos momentos, deja mucho que desear y está fuera de la realidad. 
En contraposición, la Comisión Islámica de España (CIE) ha condenado «enérgicamente» este ataque mientras los obispos españoles han alertado de que los hechos no pueden ser motivo para «demonizar» a otros colectivos, como los que profesan la fe musulmana ni «caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe». 
Ambas declaraciones dejan en entredicho mensajes desde los sectores más conservadores queriendo obtener su rédito electoral, vale todo metidos en harina. 
También produce mucha inquietud y preocupación que, en el recién nacido 2023, ya hayan han sido víctimas de violencia machista un total de seis mujeres, 1.188 desde 2003, otro sobresalto cada vez que surge una noticia al respecto, lo que debe ser un motivo para que la población actúe de manera conjunta en la ayuda, respaldo y comprensión, a quienes puedan sufrir malos tratos, ayudándoles a presentar denuncia, si es preciso, y las autoridades establezcan la protección necesaria. 
Algo falla para que esto no pare y para que las muestras de repulsa y las concentraciones que se organizan no sean multitudinarias y, sobre todo, para que aún desde la política haya quien quiera cambiar los registros e ideológicamente centre sus esfuerzos en instalarse en un discurso político sobre la interrupción del embarazo similar al que se aplica en Hungría. 
Por cierto, aún no se sabe cómo ha terminado este tema en Castilla y León entre declaraciones cruzadas, aunque parece que imperan las que se inclinan por insistir en que no se aplicará el protocolo anunciado inicialmente. De lo que se duda es si, debido a los plazos, algunas pruebas se podían haber llevado a cabo y, sobre todo, si la Sanidad tiene medios en estos momentos, en algunas provincias, como la ecografía 4D.
El tema ha quedado finalmente como una pelea de gallos políticos echando balones fuera y culpando al que pasaba más cerca.