El sector vitivinícola ha sido desde el primer momento uno de los más afectados por la pandemia de covid-19 debido al cierre y posteriores restricciones del canal HORECA, (60% del consumo), así como la cancelación de todo tipo de fiestas y eventos en los que el consumo también era importante. Aunque algunas denominaciones como Rioja han conseguido seguir creciendo, la tónica general ha sido la de un retroceso en las ventas como lógica consecuencia de los más o menos intermitentes cierres de la hostelería y la práctica desaparición de las reuniones sociales.
Tampoco han ayudado los aranceles de Estados Unidos, la nueva ley del vino rusa (que afecta especialmente a los graneles, muy importantes para España) y los cierres y confinamientos que se han registrado en otras zonas del mundo. De hecho, en medio de estas circunstancias tan adversas, Portugal fue el único país europeo que fue capaz de aumentar sus exportaciones de vino en 2020, aunque España no se bajó del segundo puesto como exportador mundial detrás de Italia.
Ante esta situación, el sector es consciente de que se hace necesario tomar medidas, aunque aparte de estar de acuerdo en solicitar fondos adicionales a los del Programa de Apoyo al Sector del Vino (PASVE), organizaciones agrarias y Federación Española del Vino (FEV) no coinciden en mucho más.
Según se desprende de los resultados de un cuestionario enviado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y conocido este lunes, a los diferentes representantes del sector vitivinícola español, en el que se recuerda que Bruselas ya ha descartado «fondos adicionales» al no haber «margen» en los presupuestos para ello, parece que no se ponen de acuerdo en qué medidas se deben llevar a cabo para intentar paliar la crisis derivada de la pandemia. En principio estas «medidas de crisis» recibirán una parte de la dotación con la que cuenta el PASVE, financiado por la UE y que habitualmente se destina a la promoción internacional, la reconversión de viñedos y las inversiones en bodegas.
La cosecha en verde -recoger el fruto antes de lo que se hace habitualmente-, la destilación de crisis -para sacar producción del mercado dirigida a otros usos- y el almacenamiento privado -dar ayudas para retener cierta cantidad de vino a la espera de que la demanda se recupere- son las soluciones planteadas, aunque ninguna de ellas tiene un apoyo mayoritario.
La Federación Española del Vino (FEV) ha reclamado un presupuesto específico sufragado con fondos comunitarios o nacionales diferente a los del PASVE, y en el caso de que no sea posible ha defendido que no se reduzcan los apoyos a «medidas de promoción en terceros países y en inversiones». La patronal -que representa los intereses de las bodegas- ha abogado por «dar prioridad al almacenamiento privado» sobre el resto de las medidas.
Responsables de ASAJA han explicado que aunque hay «diferentes opiniones» dentro de la organización, existe «unanimidad» a la hora de defender que hacen falta más ayudas dada la «calamitosa» situación del sector debido a su estrecha relación con la hostelería. La entidad considera que no tiene sentido, por ejemplo, retirar fondos a la promoción internacional para solucionar una cuestión «coyuntural» como es la covid-19, y prioriza «otras medidas» antes que el almacenamiento privado por creer que esta última sólo «retrasaría el problema».
COAG, por su parte, ha abogado frente al Ministerio por la opción de la cosecha en verde, ya que «es la única actuación que elimina materia prima del mercado incluso antes de su transformación en vino». En un comunicado, han apuntado que la eficacia de la medida exige que se aplique en todo el territorio nacional y que cuente con un presupuesto «extra» de al menos 40 millones de euros a repartir entre la Unión Europea (UE), el Ministerio y las comunidades autónomas. La organización agraria ha añadido que si no se habilitaran finalmente fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, su apuesta es porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde. «Esta medida es más que necesaria para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda antes de la vendimia y evitar el impacto de los bajos precios de mercado sobre los precios pagados por las uvas a los viticultores», han señalado desde COAG.
Un portavoz de UPA ha precisado que en su caso también han exigido un presupuesto independiente y específico, desligado del PASVE. Además, han apostado por la destilación de crisis y la cosecha en verde como las dos medidas más indicadas ante la bajada de ventas asociada al coronavirus con el objetivo de conseguir reducir la producción anual de vino en unos 8 millones de hectolitros.