Tiene un largo historial delictivo   por estafas en Cataluña, Andalucía, Aragón, Levante y 17 condenas en firme, aunque algunas han prescrito. José María L. G., de 41 años y natural de Barcelona, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad   Real por haber estafado presuntamente 3.000 euros a un vecino de Puertollano en la compraventa de un vehículo inexistente, que se publicó en un portal de internet.

El encausado ha negado los cargos tras rechazar un acuerdo de conformidad y preferir ser juzgado por los hechos denunciados en Puertollano en septiembre de 2017.  

José María L.G. ha compartido banquillo con Sergio F. S., su compinche en la trama, quien sí reconoció los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal en base a pruebas y testimonios. Los dos actuaron de mutuo acuerdo con ánimo de conseguir un beneficio ilícito. La fiscal del caso considera probado que insertaron en un portal de internet un anuncio de venta de un vehículo de segunda mano Range Evoque por un precio de 13.000 euros. Un vecino de Puertollano respondió a este anuncio y contactó con el principal acusado (José María L. G.), quien le dijo que había otra persona interesada y, por ello, le pidió 3.000 euros de señal tras indicarle el número de la cuenta donde debía hacer el ingreso y decirle que la empresa estaba en el Paseo de Gracia de Barcelona. El hombre convencido de la realidad del negocio y la apariencia de certeza del contrato de compraventa hizo el ingreso. El acusado, siguiendo el plan urdido, telefoneó a la víctima para decirle que no le podía enviar el vehículo si no le pagaba el 50% del valor. Ante la negativa  a hacer otro ingreso, acordaron que recogería el coche en Barcelona. Como el comprador no podía  ir, envió a un conocido, que cuando llegó comprobó que se trataba de una estafa. No existía la empresa de venta de vehículos, no había coche ni vendedor. La fiscal considera probado este relato de hecho y pide una condena de tres años de cárcel para el procesado José María L.G.

El otro acusado reconoció los hechos y en atención a ello la fiscal rebajó la petición de pena de cárcel de dos años a seis meses. En su caso no se le imputaba un delito de estafa agravada ( los antecedentes) y se rebajó al mínimo legal.

El abogado Basilio Aranda Aliaga, que defiende a José María L. G. por el Turno de Oficio, pidió la libre absolución o subsidiariamente una pena mínima y que se le reconozca los atenuantes de drogadicción y trastorno adaptativo. El letrado ‘peleo’ en defensa del encausado, pero son muchas las pruebas que pesan contra él. Un policía testificó por videoconferencia y aseguró que su modus operandi es repetido. Actualmente está en prisión y tienen otras causas abiertas.

Cristina Rodríguez, por el turno de oficio, defendió al otro acusado, que ha salido mejor parado al atender las indicaciones de ésta.