Más de 8.000 productores de leche de vaca deberán renovar, con el 1 de abril como fecha tope, sus contratos con las industrias. Aunque el número de ganaderos en el sector se sitúa ligeramente por debajo de los 12.000 a consecuencia de una tasa de abandono de entre 700 y 800 explotaciones cada año por falta de relevo generacional, o simplemente por cese de actividad al no salir las cuentas, hay un número muy importante de ganaderos integrados como socios en sociedades cooperativas como Central Lechera Asturiana, COVAP en Andalucía, IPARLAT en el País Vasco o Feiraco en Galicia, en las que no se suscriben contratos a un precio con cada uno de los socios y las liquidaciones son a resultas de la actividad de la sociedad.

Históricamente, las relaciones entre los ganaderos y las industrias a la hora de suscribir los contratos han estado marcadas por las diferencias de poder en las negociaciones entre las partes y la existencia de excedentes provocados por la posibilidad de traer a menor precio desde otros países comunitarios leche fresca o productos derivados, fundamentalmente quesos.

Hoy, aunque se ha producido un fuerte recorte del número de ganaderos y se ha reforzado el potencial de una parte muy importante de las explotaciones, la realidad es que siguen dominando el sector las granjas de dimensiones pequeñas y medianas. Sobre un volumen total por debajo de las 12.000 explotaciones, unas 9.000 no superan los 500.000 litros por año -el equivalente a unas 50 vacas en producción-; y 4.000 no superan los 200.000 litros, -equivalentes a unos 20 animales-. Sin embargo, hay diferentes factores que están suponiendo un cambio en la situación del sector, en unos casos por cuestiones de coyuntura y en otros por las modificaciones introducidas en la normativa sobre la contratación en el campo de la leche.

Desde la perspectiva de la coyuntura, en una economía global se ha registrado un incremento de la demanda mundial de leche y de los productos derivados, fundamentalmente por el tirón de países asiáticos, especialmente de China. Ello que supone para las empresas la necesidad de disponer de leche para operar y lograr beneficios en esos mercados y eso se ha traducido en una subida de precios en todos los países comunitarios. España no ha sido una excepción, si bien los incrementos han sido inferiores a los registrados en otros estados miembros, con subidas que pasaron en los últimos meses de una media de 0,34 euros litro a los 0,38 euros.

En la parte contraria, frente a esta evolución alcista de los precios en origen que ya se situaban en los niveles de los costes de producción, razones coyunturales como la escasez de materias primas para los piensos, agravada por la guerra en Ucrania, provocaron que los gastos fijos se hayan disparado en este momento hasta unos niveles de 0,45 euros por litro de leche y sin ninguna garantía sobre cuál va a ser su evolución en el corto plazo.

En este contexto -industrias necesitadas de leche para atender sus compromisos, precios al alza en todos los mercados por encima de los niveles pagados en España y costes de producción disparados-, industria y ganaderos afrontan los últimos días la firma de nuevos contratos para el próximo año que cubran los costes de producción al menos para seguir en la actividad.

Hace unos años, las industrias pactaban precios de compra y tenían sus compromisos para no «robarse» ganaderos. Recibieron una multa que sigue en los tribunales. Hoy, esas mismas industrias están en competencia a la caza de ganaderos para asegurarse el máximo de aprovisionamiento de materia prima en el campo. Y además tienen que cumplir lo dispuesto en la Ley de la Cadena, que obliga a pagar como mínimo el precio de coste.

Más abandonos.

Desde la organización de productores de leche AGAPROL, en Castilla y León, su presidente Francisco Fernández considera que la situación del sector, por el desajuste existente entre los actuales costes de producción y los precios de la leche, puede suponer un fuerte recorte en la actividad de la explotaciones provocando en unos casos el simple y llano cierre de las mismas; y en otros, el sacrificio de una parte de la cabaña en la granja que sea menos productiva para su venta como carne para seguir manteniendo la explotación.

En esta coyuntura se debe llevar a cabo la renovación de los contratos con una duración de un año. Las industrias deben asumir que han subido los precios y los costes de producción, por lo que deben pagar más cara la leche simplemente cumpliéndose la actual Ley de la Cadena.

De cara a esa renovación de los contratos y al margen de todas otras consideraciones, un paso previo debería ser la actualización de los datos por parte del Ministerio de Agricultura sobre los costes de producción para que fueran la principal referencia a la hora de firmar los contratos. La normativa sobre los contratos lácteos en vigor contempla la posibilidad de incluir un precio fijo para todo el año o un precio variable en función de determinados parámetros. La vieja disposición se va a complementar con otra disposición que acaba de estar a exposición pública en la que se añaden otras medidas de seguridad para garantizar los ingresos de los ganaderos. Si hay un precio fijo y los costes de producción se sitúan por un periodo mínimo de tres meses por encima del mismo, el ganadero puede solicitar su revisión, procedimiento que se puede llevar a cabo igualmente si se ha fijado un precio variable.

Para el responsable de ganadería de UPA, Román Santalla, la Ley de la Cadena, unos índices de costes al día por parte de Agricultura y una adecuada política de control deberían ser suficientes para que los ganaderos suscribieran contratos en condiciones de rentabilidad. Señala además la importancia de que se hicieran públicas las actuaciones de investigación sobre una empresa en relación con un incumplimiento, desde el momento que haya indicios, sin esperar a la resolución final, que puede tardar años.