Una carrera contrarreloj. Así se define el trabajo de los ayuntamientos a la hora de tratar de acogerse a las distintas convocatorias de ayudas que se van lanzando por parte de la Unión Europea o de los ministerios y de su gestión posterior. Una lluvia de millones, como los Next Generation, que sin duda suponen una buena noticia para los municipios, pero que ponen a prueba a las entidades locales, 'tocadas' en muchos casos por la falta de personal.
Actualmente se unen tres factores que están derivando en esta carrera de fondo para los ayuntamientos: los plazos apretados de las convocatorias; la situación de inestabilidad en las empresas y de incertidumbre en cuanto a los precios; y la rígida burocracia que rige todo lo que pasa por la Administración local. El resultado: «un final de legislatura frenético» en los consistorios de la provincia, como así expusieron algunos de los responsables municipales con los que ha contactado este diario.
«Es un mal de muchos», comentó con resignación la portavoz del equipo de Gobierno en Ciudad Real, Mariana Boadella, quien indicó que los plazos de las convocatorias están diseñados con anterioridad a todo el escenario que trajo la guerra de Ucrania, que ha derivado en un aumento significativo de los costes de producción de las empresas y en una crisis de suministros, que hacen más frecuentes las renuncias en las contrataciones o las solicitudes de actualización de precios. Todo eso hace que corra el reloj cuando las fechas clave ya están apuradas. «Los plazos están pensados para que vaya todo rodado, que no surja nada y antes de febrero las posibilidades de que no pasara nada eran bajas, pero ahora esa probabilidad es alta por la situación actual».
A todo ello se suman los protocolos de trabajo de la Administración con fin de ser garantista, si bien eso implica a veces un periodo de 30 días de exposición pública, o ser aprobado en distintos órganos de gobierno municipal.
Sobre esos plazos también se pronunció el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, quien, al igual que Boadella, comentó que esos plazos no han tenido en cuenta ni la guerra de Ucrania ni la inflación, aunque indicó que en el caso de su Consistorio se ha venido trabajando en los últimos años para diseñar proyectos que pudieran beneficiarse de fondos como los europeos. Para ello cuentan, además, con una consultora que realiza todas estas cuestiones. Lo que sí calificó como «diabólica» es la posterior gestión y justificación de fondos como la Edusi. «Estamos en una línea muy frenética de ejecución burocrática y esto, al ciudadano de a pie, no le importa, pero si no lo arreglamos desde dentro no podemos llegar al ciudadano y mientras estamos arreglando eso, no sé hasta dónde estamos sirviendo a la sociedad», dijo en relación con los recursos que supone esa burocracia.
En el caso de municipios pequeños, como Carrizosa, su alcalde, Pedro Antonio Palomo, subrayó la gran ayuda que presta la Diputación, que se encarga en muchos casos desde la redacción del proyecto hasta la solicitud de la convocatoria e incluso parte del pago. No obstante, también señaló ese ritmo acelerado que viven para tratar de captar unos fondos que acaba de dar la Unión Europea al Gobierno y que éste, ahora, distribuirá entre regiones, provincias y municipios. «Benditos fondos», concluyó.