A medida que pasaban los días y se acercaba la entrada en vigor del decreto ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética, que se enmarca en el plan de solidaridad europea para reducir la dependencia del gas ruso, los desacuerdos acerca de cómo se gestó y sus consecuencias se han hecho más evidentes, hasta el punto de que el Gobierno ha convocado ayer a la Comisión Sectorial de Energía que reúne a los consejeros autonómicos del ramo y a la FEMP para alinear posiciones y actuaciones ante las polémicas suscitadas. A estas alturas no se sabe a ciencia cierta si el Gobierno consultó a las comunidades autónomas –el Gobierno invita y las CC.AA pagan-;  si estas no se dieron por aludidas y no presentaron propuestas tal y como pedía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; si ha habido improvisación o desidia;  si quienes se opusieron de entrada a la norma tan siquiera se leyeron el texto del real-decreto antes de lanzar sus protestas y anuncios de insumisión, por cuanto las cuestiones relacionadas con la flexibilización de su aplicación están previstas en su redacción, cuando se hace referencia al Real Decreto 486/1997, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que al hacer referencia a la temperatura se señala que  no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.   

Es decir, que sería interesante que se hubieran deshecho estos entuertos que están en la base de una polémica sobre un asunto que, con el añadido de las corbatas y la tristeza y la falta de seguridad por apagar los escaparates, tiene toda la lógica, es de sentido común y va en línea con lo que se ha hecho en otros países europeos, donde no es que se hayan adoptado medias similares de control de la temperatura y la iluminación, sino que son las mismas. Pero aquí a todo se le intenta sacar rédito político, se trata de señalar al Gobierno como el maestro de la improvisación y las ocurrencias, aunque a algunos presidentes autonómicos del PP se les ven las ganas de hacerse notar y prefieren la bronca y las dificultades a colaborar en hacer pedagogía. La petición de que se retirara el plan de ahorro energético que ha planteado el PP momentos antes de la reunión ha sido un órdago y, lo que se trataba de que fuera una especie de tregua, se ha convertido en una guerra abierta, que acabará ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Pero entre tanto no hay posibilidad de insumisión ante unas medidas que comienzan a aplicarse el miércoles.           

También es verdad que el Gobierno acierta cuando rectifica, que la reunión de ayer podría haberse realizado con antelación y que la cogobernanza se demuestra andando. En cualquier caso, el real decreto de ahorro energético era una primera norma que ha de ser ampliada antes de su envío a Bruselas. Si los desaguisados producidos sirven para que no se produzcan otros más y haya un acuerdo básico, al menos se habrá aprendido la lección. Pero los políticos tropiezan en la misma piedra una y otra vez. Por las reacciones previas y posteriores a la reunión y la exigencia de una reunión de la conferencia de presidentes más bien puede asegurarse que las polémicas continuarán, con el argumento comodín del Falcón y el helicóptero por enseña, a la espera de las propuestas autonómicas, que ahora no podrán decir que no se han producido.