Son la alternativa a la cárcel. Pero no todos los condenados tienen acceso a esta medida, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad para pagar sus cuentas con la Justicia. En el último año más de un millar de condenados se han acogido a esta medida alternativa a la prisión bajo el control del magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha número 1 con sede en Ciudad Real, Antonio Moreno de la Santa Limia.

Los trabajos en beneficio a la comunidad se han incrementado en la prisión de Herrera de La Mancha más de un 32 por ciento, al pasar de 694 en 2020 a 1.023 en 2021. Según explica a La Tribuna el juez Moreno de la Santa, esta medida va dirigida a personas condenadas por «delitos menores» como por ejemplo pequeños robos, hurtos, maltrato animal o relacionados con el tráfico (exceso de velocidad, conducción temeraria, sin carné o bajo los efectos del alcohol o las drogas). Una copa de más al volante ha llevado por primera vez ante el juez a un buen número de personas que han tenido que hacer frente a una pena de cárcel y multa y, lo que es peor, cambiar el traje por el mono de peón para barrer las calles, retirar la basura de las papeleras o regar los jardines. Pero siempre es mejor un trabajo en beneficio de la comunidad que estar entre rejas.

Son "condenas pequeñas", medidas alternativas al ingreso en prisión. El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla-La Mancha indica que si el condenado no cumple se revoca la medida y pasa a cumplir la pena impuesta en la cárcel. Cuando la sentencia es firme, se remite al servicio de gestión de penas y medidas alternativas dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Si la pena impuesta es susceptible de ser sustituida por dicha medida alternativa se llama el condenado y se le expone la posibilidad. Si está de acuerdo, se aprueba para dar paso al cumplimiento de pena mediante trabajos en beneficio de la comunidad. "Si incumple, se revoca", dice con énfasis el magistrado tras señalar que también es una medida de resarcimiento a la sociedad, "reparar el daño causado".

El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla-La Mancha tiene bajo su jurisdicción las cárceles ciudadrealeñas de Herrera de La Mancha y Alcázar y la de Albacete. Lleva el control de las penas, tanto las directas como las sustitutorias de una condena de prisión (trabajos en beneficio de la comunidad), además de velar por los derechos de los presos. 

Más de 400 reclusos. La prisión de Herrera de La Mancha es la que mayor número de presos registra de las tres que están bajo la jurisdicción del magistrado Moreno de la Santa, aunque lejos de la ocupación que soportaba en los tiempos que era cárcel de máxima seguridad por los 'inquilinos': presos de ETA y comunes muy peligrosos.

La población reclusa ha ido descendiendo. El año de la pandemia (2020) se cerró con 429 presos y 2021 con 406. Los permisos ordinarios propuestos por la dirección de Herrera de La Mancha también fueron menos hace dos años. Sin embargo, aumentaron en el último ejercicio al pasar de 155 a 219. De estos últimos, el juez aprobó 209 (en 2020 dio el visto bueno a todos). El año pasado sólo hubo un permiso extraordinario y el anterior ninguno. "Se dan por una operación quirúrgica, el fallecimiento de familiar, bodas o bautizo de un hijo", indica el juez.

En cuanto a las libertades condicionales, el magistrado ha firmado 22 en el último ejercicio, mientras que en 2020 fueron diez. "La condicional es el último escalón para recobrar la libertad definitiva", explica el magistrado tras señalar que al igual que los permisos tiene su importancia de cara a la reinserción. "El fin es la reeducación y reinserción de los presos". 

De quejas y sanciones. En 2020 las quejas presentadas por los presos de Herrera se elevaron a 165, mientras que en 2021 han sido 105. "Se quejan de cualquier cosa que entienden que no se ajusta a sus derechos como los permisos suspendidos o no concedidos a consecuencia de la pandemia y las relativas a la comida y convivencia". 

Las sanciones también tiene mucho que ver con el día a día en la prisión. En el último año se han impuesto 87, frente a las 129 del ejercicio anterior. "Van desde la amonestación, que es la sanción más leve, hasta el aislamiento en celda durante 14 días, que es la más grave. Por regla general, las más comunes en las tres cárceles que están bajo la potestad de Moreno de la Santa son desobediencia al funcionario en el ejercicio de sus funciones y problemas de convivencia que acaban violentamente, peleas entre ellos, en algún caso con pinchos. 

Alcázar, una cárcel singular. En la cárcel de Alcázar, la población reclusa es menor, en torno al centenar. Es un penal con cierta singularidad por la avanzada edad de gran parte de sus reclusos, muchos por violencia de género. También hay otros condenados por delitos económicos y abusos a menores que han pedido cumplir la pena en esta prisión. En el último año se han concedido 57 permisos penitenciarios, frente a los 29 de 2020. Mayor ha sido el número de expedientes disciplinarios, que se ha incrementado de forma significativa, de 49 a 74. 

El juez Antonio Moreno de la Santa lleva 17 años al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla-La Mancha, los 15 anteriores fue titular del Juzgado de Menores de Ciudad Real. Lo más gratificante "es cumplir con la obligación, terminar el día pensando que has hecho tu labor lo mejor posible, defendiendo los derechos de los internos, pero también protegiendo a la sociedad", concluye.

Los presos condenados por violencia de género han aumentado "muchísimo"

El número de presos que cumplen condena por violencia de género en la prisión de Herrera de La Mancha "se ha incrementado muchísimo", lamenta el juez de Vigilacia Penitenciaria número 1 de Castilla-La Mancha tras señalar que los delitos más frencuentes son robos, tráfico de drogas, violencia de género y contra la libertad sexual. Hay presos con condenas de larga duración por asesinatos y agresiones sexuales.

El magistrado recibe al año una media de 350 peticiones de presos para hablar con él. "Tienen muchísimas dudas jurídicas y recurren al juez ante la falta de abogado para resolver asuntos relacionados con la condena o su situación en el penal. Los jueces de Vigilancia Penitenciaria hacemos muchas veces la labor de los jurístas, del abogado defensor", explica.

De ahí que estos magistrados propugnen un Turno de Oficio especial de letrados para Vigilancia Penitenciaria.