El Ministerio Fiscal considera probado que Ramón M. R. R. y su hermano José son autores de un delito continuado de apropiación indebida en el ámbito de una promoción de 39 viviendas y garajes en Daimiel iniciada en 2006. La primera fase y la segunda prácticamente se terminaron, sólo quedaban unos remates, y la tercera en un 66%, explicó un perito en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y visto para sentencia.

El fiscal jefe, Luis Huete, que ejerce el Ministerio Público, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales tras hacer una modificación al estimar que en la causa concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas habida cuenta del tiempo transcurrido. Por ello, rebajó la petición de pena a tres años de cárcel, frente a los cuatro iniciales por un delito continuado de apropiación indebida.

Para el Ministerio Fiscal, un elemento probatorio es la «confusión patrimonial», sobre todo, en lo referente a la construcción del chalet de Ramón M.R. en Ciudad Real. A la vista los testimonios y las pruebas «difícilmente iba a poder pagar a los proveedores el chalet que se estaba construyendo», arguyó el fiscal jefe para, a renglón seguido, añadir que no se puede sostener el argumento exculpatorio del encausado. El fiscal considera probado que se ocultó a los compradores la situación económica de la sociedad Daigas. «Hay pisos que se han pagado en mano, casi en su totalidad y no se han entregado», coincidieron en subrayar las acusaciones. En cuanto al argumento esgrimido por los procesados de que el banco cortó el grifo, el fiscal manifestó que si fue así es porque no se les pagó. Para el fiscal, los hechos han quedado acreditados. Los acusados son autores de un delito continuado de apropiación indebida, de hacerse con más de 700.000 euros de pequeños ahorradores que compraron pisos, unifamiliares, plazas de garaje y locales comerciales. Ellos lo han negado y culpan de la situación al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la entidad crediticia que, según han mantenido en el juicio, les cerró el grifo y no pudieron seguir adelante.

Sin embargo, el fiscal mantuvo que ha quedado probado el delito que les imputaban y recalcó que se les entregó algo más de un millón cuatrocientos mil euros y después sólo les quedaba 600.

El letrado de la acusación particular les imputa un delito de estafa y otro societario, además de la apropiación indebida.

De su lado, los abogados de los encausados han defendido su inocencia tras aseverar que no se han quedado con dinero y argumentar que la obra se paró por cuestiones burocráticas. Intentaron terminar la promoción para entregar las viviendas y garajes sin conseguirlo porque todo fueron impedimentos y trabas, en relación con la entidad crediticia que les financió. El juicio quedó ayer visto para sentencia tras testificar varios afectados y exponer su informe un perito.

Responsabilidad civil. El pleito por la compraventa de viviendas que se remonta 15 años atrás va a quedar resuelto en unos días con la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Para el Ministerio Fiscal, la cosa está clara: dos constructores se embarcaron en una obra de 39 viviendas, garajes y locales comerciales sin poder terminar  el proyecto, pero apropiándose de las cantidades entregadas a cuenta. Ayer, el fiscal pidió varias cantidades en concepto de responsabilidad civil para algunos de los afectados, 28.210 euros en uno de los casos. Otros no reclamaban. En total  unos 700.000 euros.