Las fincas privadas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros han anunciado que no ejecutarán el plan de caza urgente que ha puesto sobre la mesa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al ser inviable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico.
Según han denunciado en un comunicado de prensa, después de prohibir la caza en este espacio hace poco más de un año, "la Administración pretende ahora que se lleve a cabo una actividad cinegética frenética en las fincas privadas con casi 5.000 capturas en los 28 días del mes de febrero". En este sentido, han dicho que la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha notificada a los propietarios de fincas incluidas en el Parque Nacional especifica que la alta densidad de ungulados en el Parque Nacional de Cabañeros está teniendo "un impacto negativo que puede poner en peligro la conservación de diferentes especies de flora y fauna".
Además, según los propietarios, esta alta densidad de ungulados aumenta el riesgo de "transmisión de enfermedades a animales e incluso personas, poniendo en riesgo las propias poblaciones de ungulados".
Las fincas no ejecutarán el plan de caza de Cabañeros - Foto: EUROPA PRESS/UCLMLa Consejería, según los propietarios, ha destacado que en estos momentos la densidad de las poblaciones es muy superior a la que se considera óptima, por lo que son necesarias "medidas excepcionales".
Ante esta situación, la solución ha sido conceder a las fincas privadas "autorizaciones extraordinarias de control urgente de poblaciones de ungulados mediante la modalidad de rececho y aguardo nocturno".
La Plataforma de Afectados por Parques Nacionales ha opinado que es un ejemplo claro de "hipocresía", puesto que apenas un año después de prohibir la caza en el Parque Nacional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende ahora que se lleven a cabo de manera urgente estos controles. Y ha añadido que "lo hace sin haber alcanzado un acuerdo con estas fincas -pendiente desde 2007-, habiendo iniciado procedimientos para anular los cotos y especificando, además, que en ningún caso habrá prestación económica por la prestación de este servicio".
Ante esta situación, las fincas han recurrido esta "autorización" que no respondía a ninguna solicitud previa y que, además, han calificado de inviable tanto desde un punto de vista técnico como económico y jurídico.
Técnicamente, han dicho, "porque es imposible materialmente realizar ese volumen de capturas en el plazo establecido con las modalidades autorizadas de rececho y aguardo".
Económicamente, han insistido, "porque el coste mínimo de esas acciones rondaría los 260.000 euros, cantidad de la que no se hace cargo la Administración, y jurídicamente porque al tratarse de una resolución de imposible cumplimiento sería nula de pleno derecho".
Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por Parques Nacionales ha informado de que los propietarios no llevarán a cabo estos controles.