Al Gobierno no le ha quedado más remedio que recurrir al estado de alarma para dar un paraguas a las restricciones por el acelerado avance de la pandemia. El presidente del Ejecutivo ha ido preparando el camino durante estos días para anunciar esta medida constitucional de excepción. La decisión no está puesta en duda por más que las comunidades autónomas del PP hayan mantenido el silencio y el propio Pablo Casado no se haya pronunciado. Los peores presagios de la escalada de casos de coronavirus se han cumplido en la ya reconocida como segunda ola. Ningún país europeo se libra de las medidas, por lo tanto, no se podrá discutir la imposición del toque de queda inminente.
Atrás quedan los estériles debates y tensiones entre comunidades autónomas, principalmente con Madrid, por coordinar decisiones más contundentes cuando sanitarios, científicos y la mayoría de la ciudadanía daban por hecho confinamientos de diversa categoría. Lo que no se entiende, aparte de la demora, es la falta de determinación legislativa después de una primavera tan amarga por el número de fallecimientos, contagios y daños estructurales en la economía.
En el seno del Gobierno se ha desechado una y otra vez la posibilidad de articular una ley a la que se recurriera con facilidad para decretar ceses de movilidad y limitar derechos con la expectativa, mal entendida, de que quizá no sería necesario llegar al extremo de otro estado de alarma.
Ahora, con varias comunidades autónomas haciendo la guerra por su cuenta con los datos excedidos, era más que nunca necesario recurrir a esta norma que facilite la toma de decisiones para intentar frenar el virus. Sánchez quiere extender el estado alarma hasta el 9 de mayo para dar certidumbre en un periodo extenso, algo que no ha ocurrido en estos últimos dos meses, cuando tras el verano la curva de positivos ha ascendido irremediablemente hacia una situación insostenible en las UCI, con incongruencias de normas aprobadas entre las regiones y bajo el escrutinio de los tribunales.
Recurrir a una norma extraordinaria en la cotidianidad que se ha convertido esta pandemia no es la mejor manera para gestionar la descentralización del territorio ni mantener el equilibrio entre el freno al virus y el día a día de los ciudadanos. Pero habida cuenta de que no existen más mecanismos, los partidos están abocados a rebajar la tensión parlamentaria y a incrementar los apoyos para dar ejemplo a la sociedad de cara a un invierno que se aventura difícil y complejo en todos los ámbitos.