El permiso penitenciario concedido a un ciudadrealeño condenado por un caso de violencia de género ha sido finalmente cancelado, según confirmó a este diario la propia víctima y el abogado del reo, Antonio Maroto, que estudia emprender acciones legales contra la Administración por una decisión que "no tiene lógica alguna".

El permiso de cuatro días concedido por el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Madrid comenzaba este mismo viernes, pero finalmente no ha llegado a producirse. "Estamos esperando a que nos den una respuesta oficial para poder entender qué está sucediendo", declaró Maroto para hacer hincapién en que "el permiso no se ha suspendido, lo único que han hecho es tirar balones fuera y se tendrá que producir otro día". Ayer mismo, el abogado afirmó que el permiso cumplía con la legalidad y no entendía la especulación mediática que se había generado por la salida de su cliente de prisión. «Lo que nosotros solicitamos es lo que la ley prevé y no se trata de un permiso por Nochevieja o una situación extraordinaria», manifiestó Antonio Maroto a La Tribuna. 

Sin embargo, el abogado de la víctima, Juan de Dios Ramírez, publicó un comunicado la pasada semana en el que calificó como «error» la concesión de este permiso y afirmó que no se había cumplido la mitad de la pena y que la mujer, M.C.L., no había recibido comunicación de que el reo iba a salir de la cárcel durante unos días. En ese comunicado señalaron que el organismo que le ha concedido el permiso, el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Madrid, no ha tenido en cuenta «el riesgo que supone a la víctima su seguridad, ya que es un condenado que, a día de hoy no ha demostrado arrepentimiento ninguno y que no ha reconocido los hechos» y, añadían que «no se ha valorado el riesgo de fuga».

Por su parte, la víctima., M. C. L., se congratulaba de la decisión de cancelar el permiso a su maltratador.  

El abogado del condenado, Antonio Maroto, insistió por su parte en que la ley es la que marca este tipo de situaciones y tras haber cumplido «más del 50% de su condena» y haber pasado una serie de cursos, tiene derecho a estos permisos. «Consideramos que se le tiene que tratar como al resto de reos que hay en España y lo que no se puede hacer es una presión social para evitar que una persona disfrute de un derecho», expuso el abogado del condenado.