El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, asegura que los centros penitenciarios de Ciudad Real, tanto el penal de Herrera de La Mancha como el de Alcázar de San Juan «están correctamente dotados de personal», especialmente, indica, en los puestos referidos al ámbito de la vigilancia interior. En ese punto, Moncloa indica que, por ejemplo, el centro de Alcázar «incluso tiene cinco funcionarios de vigilancia por encima de su Relación de Puestos de Trabajo (RTP)».

Así lo asegura el Ejecutivo en la respuesta que da a una pregunta planteada en el Congreso de los Diputados por el parlamentario de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, que se interesaba por las medidas previstas por el Gobierno para corregir «la falta de funcionarios de prisiones en los centros penitenciarios de Ciudad Real».

Desde el Ejecutivo se explica que dado que la RTP está pensada para que los centros penitenciarios tengan una ocupación total de la población reclusa, «hecho que no se da en este momento», los puestos no ocupados «no generan disfunciones en la actividad normal de estos centros penitenciarios y no es necesaria adoptar ninguna medida urgente».

260 celdas. Según el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, vinculado a UGT, sin embargo la realidad se describe de una forma distinta. Fuentes del sindicato consultadas por La Tribuna, hablan de una relación de puestos de trabajo «obsoleta» que, además, no se cumple. En concreto, cifran en al menos, una veintena de puestos vacantes en el penal de Herrera de La Mancha, que cuenta con 260 celdas y una ocupación que se cifra en unos 400 presos. «Hay compañeros que llevan muchos años y no recuerdan haber estado tan mal nunca. De hecho, estamos peor que un día de huelga, en el que se fijan unos servicios mínimos que son superiores a los que tenemos un día normal», afirmaron esas fuentes sindicales, que apuntan a las diferencias de personal con prisiones similares de otros puntos del país donde sí se han reforzado las plantillas. Esperan que la siguiente oferta de empleo público, en verano, sirva para ampliar el personal que, además, supera los 55 años de media de edad y se aproxima a su jubilación o a la posibilidad de pasar a segunda actividad, con lo que se perdería más trabajadores que prestan su servicio en el interior del penal.