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Editorial

Una inaceptable politización de la Justicia

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Los burdos intentos de control político del Poder Judicial constituyen el verdadero hecho diferencial de la democracia española y un acelerante para la deslegitimación social de las instituciones y de la propia Constitución. Posiblemente, este manoseo indecente a los órganos judiciales solo sea comparable al de modelos dudosamente liberales como los de Hungría y Polonia o de algunas repúblicas latinoamericanas.

El PSOE y sus socios en el Congreso consumaron ayer el enésimo intento de retorcer el sistema para favorecer sus intereses en el Tribunal Constitucional que, por otro lado, estaría condenado a la interinidad como consecuencia del bloqueo del PP a la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que dura ya tres años y medio. El trasfondo de este encadenamiento de disparates estriba en el intento de los partidos de poner al servicio de sus intereses a los órganos jurídicos y constitucionales independientes, en un inaceptable proceso de politización de la Justicia que la deslegitima socialmente, lastima su eficacia e insulta la inteligencia del ciudadano común.

La continua ocupación de estas instituciones por parte de las formaciones políticas erosiona la propia separación de poderes. El modelo constitucional de elección mayoritaria del CGPJ por parte de los jueces y de mayorías reforzadas en las Cortes pretendía la configuración de un órgano más técnico, cuyo carácter corporativo quedara matizado por la participación de personas de reconocido prestigio, independientemente de su adscripción política. Sin embargo, en la práctica el sistema se ha pervertido priorizando la elección política de los miembros del Poder Judicial y sustituyendo el requisito de notoriedad de sus integrantes por su lealtad partidista.

El argumento de que los jueces y los magistrados del Constitucional deben responder a la mayoría social de cada momento es completamente falaz e interesado, dado que su función no debe ser política sino de estricta aplicación de la ley e interpretación de la Carta Magna. Es más, entre sus obligaciones está la de constituir un contrapoder frente al resto de poderes del Estado en un equilibrio de fuerzas que cooperan y se vigilan. En eso consiste el sistema democrático.

Por ello, es urgente acelerar la renovación de estos órganos con altura de miras por parte de todos los intervinientes pensando en recuperar el prestigio de instituciones fundamentales para la vinculación de los ciudadanos al sistema. Pero también es importante para la salud de la democracia transformar el método de elección de los miembros del CGPJ para que, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Europea, sean elegidos mayoritariamente por los propios jueces. Es una cuestión de calidad del sistema, pero también de una cultura democrática arrinconada en los últimos años por los populismos de uno y otro signo político.