Este 1 de diciembre está marcado en rojo en el calendario de los sindicatos de la enseñanza de la región, ya que será el momento decisivo para conocer el reparto de delegados de los próximos cuatro años que saldrán del proceso electoral que se celebra hoy. En esa carrera por ganar representatividad están inmersos todos con un objetivo prioritario: revertir los recortes que se hicieron hace diez años, en la etapa de Cospedal, ya que todavía quedan algunos en vigor.
Para hacerlo, pretenden mejorar las cifras de votos que lograron en 2018. En este caso, hay que tener en cuenta que, como consecuencia del incremento del número de docentes, habrá también más delegados, de manera que la Junta de Personal pasará de los 153 a los 161. En el caso de la provincia de Ciudad Real ganará dos delegados, de 33 a 35.
La presidenta provincial de ANPE, el sindicato mayoritario en estos cuatro años en la región con 54 delegados en Castilla-La Mancha y 11 en la provincia, Mónica Sánchez de la Nieta, explicó que actualmente hay un preacuerdo con la Consejería que incluye la bajada de la ratio, que ya se ha producido en Infantil y se hará luego en Primaria y dentro de tres años en el siguiente bloque educativo; una bajada del horario lectivo de una hora el año que viene para los maestros y al año siguiente en Secundaria; que los interinos que comiencen a trabajar en septiembre/octubre y sigan con ese puesto hasta el 30 de junio cobrarán el verano y tendrán reconocimiento administrativo y más días de libre disposición. «Es un inicio para igualarnos al resto de las comunidades autónomas donde sí cobran el verano», dijo Sánchez de la Nieta tras indicar que aunque se han conseguido mejoras en estos cuatro años, hay que tener en cuenta «la pandemia lo ha absorbido todo», por lo que no ha sido posible llegar a más, aunque su reto principal es «luchar por mejorar las condiciones de nuestros compañeros docentes» y «seguir siendo el referente» para la negociación.
«Queremos un estatuto docente, es esencial», afirmó por su parte Rocío Romero, de CSIF (8 delegados en la provincia y 26 en la región) para reclamar «estabilidad legislativa» frente a los cambios políticos. «No puede ser que cada vez que cambia el gobierno hay una nueva ley y todo es pura burocracia», lamentó. Asimismo, su sindicato aboga por una bajada de ratios, menos burocracia y que la Ley de Autoridad del Profesorado «se desarrolle y aplique» dando «herramientas claras» a los docentes para actuar ante lo que llamó situaciones de «violencia de baja intensidad» que sufren en las aulas.
«Hay un borrador de acuerdo que vamos a rechazar, otros han mostrado su apoyo rotundo a este preacuerdo», dijo por su parte Juan Carlos Gómez, de CCOO en Ciudad Real (6 delegados en la provincia y 29 en la región). Considera que «está lleno de imprecisiones y lo aplaza todo para mucho tiempo», dijo. Además, criticó aspectos como el aumento de la programación que deben hacer los docentes y reclamó «más inversión en educación».
El aumento del gasto educativo fue uno de los aspectos en los que incidió Fernando Villalba, de STE (5 delegados en la provincia y 32 en la región), quien indicó que «España está en el vagón de cola» en este sentido y también la región. Además, criticó el aumento de la burocracia que ha supuesto la nueva ley educativa. «Se nos exige mucho más», dijo, matizando que esto contrasta con lo que se pide a los alumnos, ya que, «va a ser casi imposible suspender, por ley», apostilló.
Desde UGT, que parte como la última fuerza sindical (3 delegados en la provincia y 12 en la región), piden, además de bajar el horario lectivo y las ratios, medidas de acompañamiento para los mayores de 55 años, menos carga burocrática o mejorar las condiciones de los interinos, dijo Manuel Amigo responsable de Enseñanza en la región.