«Soy inocente», ha reiterado en el derecho a decir la última palabra en el juicio José Miguel M.N. que se enfrenta a una condena de hasta 10 años de cárcel por un presunto delito de abuso sexual en la persona de una mujer con una discapacidad de 65%, un retraso mental ligero. La fiscal no le cree y en su informe final, ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Ciudad Real, ha mantenido la petición de nueve años de cárcel. Una pena alta, pero, según la fiscal, proporcionada a los hechos enjuiciados que considera probados: un delito de abuso sexual con penetración por vía anal, concurriendo la circunstancia de especial vulnerabilidad de la víctima y sus circunstancias personales.

La fiscal da plena credibilidad al testimonio de la víctima, sustentado por el informe de la psicóloga y trabajadora social del Equipo Psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real.

El letrado Juan Hervás que ejerce la acusación particular en representación de la víctima también considera acreditado el delito y eleva la petición de condena a diez años de prisión. En concepto de responsabilidad civil por el daño moral causado pide una indemnización de 90.000 euros.

Para el letrado Ángel Rico, que defiende al procesado no se sostiene la acusación y «no hay elementos suficientes que corroboren la declaración de la víctima para poder dictar una sentencia condenatoria». El veterano penalista considera que el testimonio de la víctima ha de tomarse con «muchísima precaución» como dice el propio Tribunal Supremo.

El letrado ha reiterado que no hay elementos periféricos que corroboren los hechos denunciados porque «no ocurrieron». Está plenamente convencido de la inocencia de su cliente y solicita la absolución tras sostener que la ausencia de informes médicos y forense avalan su defensa. Ángel Rico no acierta a entender por qué no se cumplió el protocolo y se llevó a la víctima al médico para que fuera examinada tras los supuestos abusos sexuales. «No hay informes ni testigos que hayan visto restos de ese acto. No se le ha visto herida alguna ni enrojecimiento ni nada», ha remarcado el abogado.

A su juicio, se ha criminalizado a su representado por la declaración de una persona discapacitada con cierta tendencia a la fabulación por sus circunstancias. «Tiene tendencia a querer agradar en las respuestas y dificultades para dar explicaciones». De este modo, pone en tela de juicio el informe psicosocial que indica que el testimonio de la joven es creíble. «Resulta muy difícil saber cómo han podido llegar a esa conclusión cuando en el juicio no ha sido capaz de testificar sin el apoyo de dos personas a su lado explicándole lo que tenía que decir», ha indicado el letrado.

Sin embargo, para la fiscal no hay sombra de duda y estima acreditado que el procesado abordó a la víctima la tarde del 10 de agosto de 2019 cuando estaba recogiendo moras silvestres en las afueras de El Robledo. Se ofreció a llevarla a un sitio donde le dijo que había muchas más y una vez allí, tras darle unas moras, introdujo su mano por debajo del pantalón corto de la joven hasta tocarle los glúteos. Ella intentó zafarse de él sin conseguirlo. Pese a la resistencia que opuso, el acusado le introdujo su dedo y después abusó de ella. Él ha vuelto a negarlo en el derecho a la última palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia.