Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia, después los jueces y fiscales, y en la actualidad son los funcionarios los que mantienen una huelga indefinida. A ellos se suman este miércoles el colectivo de los equipos técnicos forenses, que denuncian «falta de atención recibida durante más de treinta años» por parte de la administración, según un comunicado remitido por la plataforma reivindicativa.
Este colectivo, formado por educadores, trabajadores sociales y psicólogos forenses adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está considerado como personal laboral, pese a que realizan «funciones específicas de personal funcionario», aclaran. Por ello, reclaman, entre otros aspectos, su funcionarización, un reconocimiento profesional acompañado de mejoras salariales y complementos, depender de la Administración de Justicia y no de la General del Estado, participación en órganos de dirección, un aumento de la plantilla y eliminar la externalización de los informes.

El colectivo solicita una reunión "urgente" con la administración y advierte "que si en el plazo de una semana de recibir esta petición, se siguen sin atender nuestras reivindicaciones, nos veremos abocados a tomar otras medidas (movilizaciones, paros….) que repercutirán en el normal funcionamiento de la justicia, siendo los usuarios, en especial los menores y las personas vulnerables, los afectados por dichas medidas".

Entre los servicios mínimos acordados no se ha considerado esencial la intervención con menores o víctimas de violencia de género. De hecho, se ha tenido que suspender una declaración judicial que estaba señalada para este miércoles en Tomelloso en un caso de abusos sexuales a una menor.

Esta jornada de huelga se ha convocado entre los colectivos pertenecientes a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla.