El pasado día 7 de enero, el Ayuntamiento de Ciudad Real anunciaba el inicio del expediente para la contratación del servicio de gestión tributaria municipal, lo que suponía que la Administración local mostraba su intención de volver a subcontratar la gestión del cobro de los tributos al no contar con medios suficientes para realizar las tareas de recaudación.
El contrato vigente caducaba este 2020 y a inicios de año, la portavoz municipal, Sara Martínez, anunciaba en rueda de prensa, que la Junta de Gobierno Local aprobaba la necesidad e inicio de expediente para contratar una asistencia técnica y colaboración en la gestión tributaria e inspección, recaudación de tributos y otros ingresos, que también se tendría que encargar de gestionar los expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico en vial urbano.
La contratación se llevaría a cabo una vez que en marzo finalizase el contrato con la actual asistencia técnica y una vez escuchadas "las recomendaciones de los técnicos municipales, quienes, efectuado un análisis de las tareas que se vienen realizando directamente por los Servicios Municipales, y las prestadas por la asistencia técnica externa, concluyen que el Ayuntamiento no dispone de medios propios suficientes para realizar estas tareas".
Siete meses después de ese anuncio, el expediente regresa a la mesa de la Junta Local para aprobar un pliego de un contrato para los próximos cuatro años, prorrogable a un quinto, por 11 millones de euros y lo hará con hasta siete informes técnicos, tres de ellos firmados por el tesorero, el último y al que ha tenido acceso La Tribuna, fechado el pasado 13 de julio, en el que se pone en duda el proceso llevado hasta la fecha, partiendo desde la propia urgencia de la contratación: “Desde el primer informe sobre los criterios de adjudicación hasta la presente solicitud del Sr. concejal han pasado cuatro meses, lo cual quiere decir que o no debe ser muy urgente o que quienes han leído los criterios de adjudicación con determinados intereses han tardado demasiado tiempo en tener o recibir ideas para intentar que como tesorero municipal pueda cambiar los criterios de adjudicación propuestos en el mes de febrero”.
El tesorero abre la caja de Pandora en su último informe y llega a hablar de funcionarios públicos “interesados en este expediente de contratación que parecen interesados en diferir el proceso lo máximo posible” y apunta a que en procesos anteriores “era frecuente ver cómo algunos contratistas transitaban por las dependencias de la Intervención municipal (que era la que redactaba el pliego de cláusulas administrativas particulares) con una libertad y soltura que verdaderamente llamaban la atención”. Esa situación, asevera el terorero “es la que he intentado evitar en este procedimiento de contratación en principio con la colaboración del concejal de Hacienda”, con medidas como fijar criterios evaluables automáticamente, es decir de forma objetiva, que suponieran el 95 por ciento de todos los puntos “con los que se cumplen los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y transparencia, de forma que el órgano de contratación no tiene una libertad de decisión ilimitada como ocurría en los anteriores procesos de contratación similares” y que en este caso, recuerda es para un servicio que supondrá la recaudación “de cerca de 30 millones de euros anuales”.
La disputa entre tesorero e inteventora accidental se hace más grande al hablar de la proporción en la que se tendrá en cuenta los proyectos que se presenten. “Parece evidente que cuantos más puntos se asignen a estos criterios, mayor será la rebaja del precio que obtenga el Ayuntamiento de Ciudad Real. Para los que han redactado el informe de Intervención, esto puede dar lugar a ‘que ofertas económicas a la baja puedan suponer una merma en la calidad de prestación del servicio…’. Pues bien, ante esta afirmación creo que sobran las palabras, porque se supone que los servicios municipales tienen que preocuparse por conseguir las mejores condiciones para la Administración, y no para determinados contratistas”, asevera el tesorero, que recuerda que en la anterior adjudicación que quedó a expensas de criterios subjetivos “y parece ser que esta licitación gustó al Sr. Interventor municipal y a la empresa adjudicataria, y no dudo de que también pretendan repetir la jugada”,
Analiza también el valor estimado del contrato, “no pudiendo calcularse los costes del servicio, porque el Ayuntamiento de Ciudad Real solo paga el precio del contrato en proporción a los ingresos que se recauden a través de la empresa contratista, de forma que si la empresa no colabora en la recaudación de ningún ingreso, el precio a pagar sería cero”. “La cantidad que figura como valor estimado del contrato -explica el tesorero- es la correspondiente a las últimas facturaciones anuales y es equivalente a la consignación presupuestaria actual, tal y como se detalla en el informe de Ayuntamiento de Ciudad Real Tesorería de fecha 24 de febrero de 2020. Es decir, que la alusión del informe a que ‘no existe un estudio en el que se recoja el cálculo del valor estimado de este contrato’ es falsa”, asevera el funcionario municipal, que concluye su tercer informe reatificándose en los criterios asignados para la valoración de las ofertas de los licitadores, “porque a diferencia de lo ocurrido en los anteriores procedimientos de contratación, respetan todos los principios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público porque han sido formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada, ya que al consistir en un 95 por ciento en criterios objetivos, conjuran en gran medida la posibilidad de que el contrato se pueda dirigir hacia alguna de las empresas licitadoras”.