Hace ya casi un año los agricultores y ganaderos se echaban a las calles con sus tractores reclamando mejoras para un sector que pocas semanas después dejaría claro que es imprescindible. Las reivindicaciones eran muchas y variadas, pero una de las más importantes era la de obtener unos precios justos por sus productos, que cubrieran costes de producción y permitieran a las gentes del campo vivir dignamente de sus trabajos.

La reforma exprés de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 que se consiguió gracias a estas protestas, aprobada en febrero del año pasado, prohibía la venta a pérdidas, entre otras medidas, aunque no se ha revelado como efectiva. Una remodelación a fondo, afectando a más 30 artículos de la norma, debería estar esta semana en consulta en el Congreso de los Diputados, pero la gran nevada registrada en Madrid lo ha impedido; en cualquier caso no entrará en vigor hasta el mes de noviembre.

Cuando esas reuniones se lleven a cabo, darán su opinión representantes de cooperativas, de organizaciones agrarias o las patronales de la industria de la alimentación y bebidas y de las distribuidoras para tratar de conseguir una ley lo más justa posible para todos los integrantes de la cadena.

En cualquier caso, mientras tanto hay algo que sigue fallando en esa cadena alimentaria si a un agricultor le pagan 35 céntimos por un kilo de brócoli que luego cuesta 2,5 euros en el mercado. Se trata de un incremento del 614%, que se queda corto si se compara con el casi 1000% que registra la patata.

Según los datos que maneja COAG en su tabla del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) del mes de diciembre no son raros los incrementos por encima del 500% (lechuga, cítricos, ajos, aceitunas...). En ganadería las cifras son más bajas, pero también significativas: el cerdo experimenta una subida de un 409% entre origen y destino y la ternera de un 330%.