Les voy a resolver la cuestión desde el principio: la diferencia está en el objetivo. Ya está, ya lo he dicho. Es sencillo, cuando nuestros representantes públicos miran a los ciudadanos, las cosas salen. Y salen bien. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha nunca nos hemos podido permitir muchos lujos. De los públicos digo, de los de comunidad. Y es algo que estamos celebrando en este 2022 cuando se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía. Que nos hayamos colocado a la altura del resto de comunidades para poder exigir lo que exigiría cualquier otra –salvo aventuras independentistas, claro–.
Y eso ha ocurrido en estos 40 años porque el objetivo ha sido la ciudadanía, la sociedad. Cuando el objetivo hemos sido todos y cada uno de los habitantes de esta región, los representantes públicos han atinado, casi siempre. Cuando el objetivo se ha desviado, el resultado ya lo conocemos, desacuerdo, desconcierto y debates estériles.
Lo vemos cada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero en Castilla-La Mancha no somos inmunes a los condicionantes políticos externos –para eso no hay vacuna– y nos calan determinados asuntos de interés dudosamente ciudadano. Ayer, las Cortes de Castilla-La Mancha debatieron varios asuntos, alguno de este tipo que les relato, de los de mucho ruido y poca traslación real al ciudadano. Se debatió una proposición, en un parlamento autonómico, para retirar de la Constitución, nuestra Carta Magna, el término nacionalidades. Proposición que no salió adelante por el rechazo de los dos partidos mayoritarios, pero me atrevo a decir que también porque no tenía sentido debatir algo así en un momento como este, cuando todos estamos mirando la escalada de precios en la luz, el gas, la gasolina, los alimentos básicos…
No ha sido el único. No hace mucho fue la carne. Que si macrogranjas, carne de calidad que no consumimos. Y se sumó el comentario 'testosterónico' del filete bien hecho y que se quite lo demás. Luego llegó el tupper. Y petición de reprobación en el Convento de San Gil para un ministro que no hubiera llegado a ninguna parte. Y ahora las nacionalidades, o la gestión del Covid-19, que sí, a posteriori hay mucho valiente dispuesto a echarse a la arena ante ese toro con dos años de aprendizaje.
Y la diferencia, insisto, está en el objetivo, porque estos debates persiguen el desgaste del contrario ante un escenario electoral que empieza a caldear el ambiente, andaluz ahora, regional mañana, y nacional pasado mañana. Y a falta de un año para las elecciones autonómicas sigo pensando que es pronto para marcar estas distancias, absurdas, cuando se puede seguir avanzando en otros aspectos, comunes. Vuelvo al objetivo: la ciudadanía. En las Cortes regionales se han aprobado leyes por unanimidad –algo poco habitual en el resto de España– siempre que se ha perseguido el bien común, el interés general, el verdadero servicio público de los que gobiernan y legislan. Del Juego, Despoblación, reserva estratégica sanitaria, o la última para avanzar en los derechos del colectivo LGTBI… y me dejo alguna. Temo que no volvamos a celebrar una unanimidad así hasta que pasen las elecciones. No me malinterpreten, claro que quiero elecciones, y votar, pero sabiendo que usted y yo somos el objetivo de la política.