La vulnerabilidad de unos ecosistemas frágiles provoca que las poblaciones que viven en ellos también sufran estas consecuencias, lo que deriva en altos niveles de pobreza entre sus habitantes, según ha denunciado este martes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en una investigación que aúna cambio climático y vulnerabilidad social.
En concreto, la 'Investigación aplicada sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad social. Medidas para el afrontamiento y la recuperación', enmarcada en el seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se ha desarrollado a nivel local en cuatro comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.
El estudio constata que España es el país más árido de Europa y que la sequía provoca pérdidas económicas, riesgo sanitario, problemas sociales e impactos medioambientales. Como recuerda EAPN-ES, cerca de 4,8 millones de personas vivían en pobreza severa en 2021 en España, según su 'III Informe. El mapa de la pobreza severa en España' mientras que el informe presentado este martes revela que las personas en situación de pobreza son las principales víctimas del cambio climático.
Para llegar a esta conclusión, se han estudiado cuatro poblaciones españolas que los autores del estudio consideran que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad debido a los cambios naturales: Los Alcázares (Murcia), Almoradí (Alicante), Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y Almendralejo (Badajoz).
Todos ellas sufren situaciones de sequías, que repercuten en la vida y actividades de la zona, así como contaminación del medio acuático y, en el caso concreto de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), un desabastecimiento de agua potable que obliga a sus habitantes a comprar de agua embotellada que usan para su higiene y necesidades alimentarias.
Esta situación genera consecuencias negativas para los habitantes: por ejemplo, en el ámbito de salud, se hace alusión al trauma colectivo que suponen las continuas inundaciones mientras que en el ámbito administrativo se destacan las dificultades existentes para gestionar los trámites y procesos a los que se enfrentan quienes han perdido sus propiedades como consecuencia de los desastres naturales.
Por todo ello, los investigadores lamentan la falta de voluntad de las administraciones (locales, regionales y estatales) y cuestionan a los sectores económicos beneficiados de la explotación de recursos. En este punto, argumentan que frente al cambio climático se necesita diálogo social, con la participación de todos en la toma de decisiones ya que consideran que un factor fundamental es la inclusión y la participación de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la toma de decisiones.
"El mayor desafío es recuperar la centralidad de la Agenda 2030 y que sea eje de acción del Gobierno", ha señalado en la rueda de prensa de presentación la coordinadora de Futuro en Común, María González, acompañada del presidente de la EAPN en España y Europa, Carlos Susias; el director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares; y una de las coautoras del informe, Virginia Montañés.
González ha enumarado como desafíos necesarios la mejora en la transparencia y accesibilidad a la información sobre las inversiones, así como la implicación en la implementación de la Agenda 2030. Los ponentes también han coincidido en reclamar la necesidad de una coherencia de políticas, que estén alineadas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en la recuperación del consenso de la Agenda 2030 en España.
Por su parte, Castañares ha asegurado que este estudio supone "un puntal más" de la colaboración entre las administraciones y la sociedad civil, y ha reiterado la importancia de poner el foco en cómo el cambio climático puede afectar a las poblaciones en riesgo y determinar los motivos y consecuencias de esta situación.