El Gobierno de España dio ayer un paso importante para el futuro de las pensiones con la aprobación de un primer paquete de medidas encaminadas a reformar el sistema. ¿El objetivo? Velar por su sostenibilidad. Son reformas que venían recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que pretenden dar respuesta a la necesidad, cada vez más acuciante, de mantener un sistema enormemente tensionado que pone en peligro el sustento no solo de los cerca de 9 millones de pensionistas actuales, sino el de varias generaciones que vamos detrás.

Las medidas que presentó ayer el Gobierno ya fueron acordadas el pasado mes de junio con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, y ahora serán remitidas al Congreso de los Diputados para su tramitación, y a la espera de su aprobación. También la espera Bruselas. Entre ellas, figura la supresión del llamado ‘factor de sostenibilidad’, una herramienta introducida en la reforma de 2013 que ligaba la revalorización a la esperanza de vida. Ahora será el IPC el que condicione esa revalorización, que quedará congelada en caso de que el IPC presente parámetros negativos. «A partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse por sus pensiones» blandió ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros que aprobó esta primera fase de la reforma.

Ahora bien, solo con este cambio se prevé que las arcas del Estado tengan que desembolsar unos 1.400 millones de euros más debido a la previsión al alza del IPC del 0,9% para este año. Para «equilibrar» en la medida de lo posible esta circunstancia el Gobierno ha planteado por un lado que las jubilaciones reales (en torno a los 64 años) se acerquen cada vez más a la edad de jubilación legal (66), penalizando el anticipo de las mismas, e incentivando por otro lado que la población estire la vida laboral de manera voluntaria. Un nuevo mecanismo de «equidad intergeneracional» que ayudará a estabilizar el sistema.

El acuerdo entre el Gobierno y las partes más intensamente implicadas en la negociación como sindicatos y patronal es un magnífico punto de partida. «Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre» dijo Rodríguez, con el que se recupera «la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de mañana». Ahora serán los grupos políticos en las Cortes los que tengan que tener la altura de miras suficiente para hacer que esta reforma siga su curso, con las mejoras que se le puedan hacer dejando al margen la táctica política, para no acabar con uno de los sistemas más exitosos de nuestro modelo de bienestar social. Para que todos nosotros podamos seguir pensando en ese deseado y merecido retiro sin incertidumbres, y con garantías.