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"Mientras haya prostitución, no seremos vistas como iguales"

R. Briongos
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Su pasado como jueza le ha hecho ganarse el respeto entre el estamento judicial y aunque aún no ha cumplido ni un año en el cargo, Pilar Llop (Madrid, 1973) ha logrado marcar su sello en el Ministerio. Se muestra más confiada en poder renovar parcialmente el Tribunal Constitucional, con lo nombramientos que son potestad en exclusiva del Gobierno, que en llegar a un acuerdo con el PP para desbloquear el CGPJ. Lo que más le sigue preocupando, sin embargo, es el incremento de casos de violencia de género y el hecho de que las víctimas sigan siendo reacias a denunciarlos. Con respecto a la prostitución es tajante a la hora de promover su abolición, frente a otras posturas más laxas en el seno del Gobierno de coalición.

En unos días cumplirá su primer año al frente del Ministerio. ¿Se acerca lo conseguido hasta ahora del planteamiento que tenía cuando accedió al cargo?

En estos meses ya hemos hecho mucho. Espero que en las próximas semanas podamos aprobar ya la nueva Ley Concursal, para que empresas que pueden ser viables no tengan que ir a largos procedimientos para liquidar sus bienes y que puedan mantener su actividad tras reestructurar su deuda. Gracias a lo que la ley denomina 'exoneración del pasivo insatisfecho' esas empresas van a tener una segunda oportunidad. Estamos trabajando también en el proyecto Justicia 2030, que heredé de mi predecesor, y hemos elevado al Parlamento dos de las leyes que lo sustentan: la de Eficiencia Procesal y la de Eficiencia Organizativa. 

¿Qué persigue ese proyecto?

Supone un cambio en nuestro modelo de Justicia, que ya está obsoleto y que es como un agujero negro que se traga todo lo que le echemos, no tanto por falta de recursos como su propia organización. Entre los logros de este año, también quiero destacar la cogobernanza con las autonomías que tienen transferidas las competencias y gracias a la que hemos acordado el reparto de los Fondos de Recuperación y Resiliencia: 430 millones que vamos a transferir a las comunidades para que aborden la transformación de la Justicia.

Entre los asuntos que no ha podido desbloquear figura el de la renovación del CGPJ. ¿Es optimista respecto a un acuerdo con el PP con Feijóo como presidente?

"Mientras haya prostitución, no seremos vistas como iguales" - Foto: Javier PozoNo contemplo otra posibilidad que la de cumplir con la Constitución. Pero hemos pasado más de tres años y medio del plazo y esto está causando un daño directamente a los ciudadanos. El CGPJ nombra a los magistrados del Supremo y hay un colapso porque muchos se han jubilado y no tienen sustitutos. Lo que exijo al PP es que tenga sentido de Estado y que entienda que es imperativo renovar el órgano de Gobierno de los jueces. Siempre que el PP ha estado en la oposición lo ha bloqueado.

La vicepresidenta de la Comisión Europea  ha urgido esa renovación y aboga por que, al menos el 50% de sus integrantes, sean elegidos por los propios jueces. ¿Van a tener en cuenta esta recomendación?

Tuve una reunión bilateral con Vera Jourova y las dos estuvimos de acuerdo en que tenemos un modelo constitucional que responde a los criterios de la Comisión de Venecia que aboga por que los jueces nombre a los vocales jueces o los propongan. Aquí los jueces eligen a los 50 candidatos que luego serán nombrado por el Congreso y el Senado. El CGPJ representa al poder judicial, que no es un poder de los jueces, sino de los ciudadanos. Por eso estos tienen que tener voz a través de sus representantes que son los parlamentarios.

¿Cree que ese modelo evita la politización de la justicia?

Los jueces, aunque tengan su ideología, actúan siempre con independencia y se someten al imperio de la Ley. También es verdad que en la carrera judicial hay asociaciones y estas sí hacen propuestas en materia de política judicial en función de sus propias ideologías. Esto no es malo, porque no hay por qué demonizar la política. En lo que tenemos que dejarnos la piel es en preservar la independencia del Poder Judicial, aunque se interrelacione con el Ejecutivo o el Legislativo. 

También asistimos al fenómeno contrario, a la judicialización de la política. 

Estamos en una democracia y debemos respetarnos entre los diferentes poderes del Estado y jugar con lealtad. Por supuesto es un derecho, pero no me gusta que cualquier decisión, sin una motivación suficiente y solo por una cuestión política, se pueda cuestionar ante los tribunales. Se puede debatir todo desde la discrepancia ideológica, pero a veces se utilizan espuriamente los recursos judiciales y esto no está bien.

¿Le sorprendió la decisión del Supremo de revisar el indulto a los impulsores del procés?

Respeto absolutamente todas las decisiones judiciales, pero en solo tres meses el Supremo ha cambiado de criterio. Primero entendió que había una falta de legitimación activa por parte de quienes presentaron los recursos y ahora al variar la composición de la Sala ha cambiado el criterio. Pero es que estamos hablando del Alto Tribunal en una cuestión tan trascendente como es la convivencia en Cataluña. Los indultos han sido útiles porque han rebajado la tensión en Cataluña. Ese tema ya se ha superado. Ahora la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes y en cómo va a sufrir los efectos de la guerra en Ucrania. Y en eso debe centrarse el Gobierno.

Está pendiente la renovación del Constitucional. ¿Ve factible cambiar solo aquellos jueces cuyo nombramiento corresponde al Gobierno?

Hay una sentencia de 2016, que no habla del Constitucional sino del CGPJ, pero viene a decir obiter dicta, es decir, a efectos informativos, que si alguno de los órganos, Congreso y Senado, que debe elegir a sus miembros no logra alcanzar el acuerdo, no puede impedirse que se renueven los miembros que corresponden al otro. Esto puede extenderse al Constitucional, más aún cuando estamos hablando de poderes diferentes. No hacerlo es tan absurdo como que se bloqueara si fuera el Gobierno el que no quiere renovarlo aunque sí quisiera el CGPJ.

Usted es partidaria de una especialización de los jueces en materias como la violencia de género. ¿No puede atascar aún más el funcionamiento de la Justicia con los medios actuales?

Tenemos que mirar con luces largas. Estamos inmersos en una reforma de todo el modelo judicial. Ahora tenemos uno o varios juzgados atomizados, con sus propios funcionarios, que solo están adscritos a ese juzgado, con su fiscal, con sus recursos técnicos... Eso va a cambiar para dar paso a una gran oficina judicial que repartirá equitativamente todo el trabajo entre los funcionarios. Nadie entiende que vaya al juzgado número 4 de una ciudad y el asunto se lo señalen para dentro de un mes y vaya al  5 y se lo señalen para dentro de un año. Hay que acabar con ese sistema obsoleto que causa desigualdades entre los ciudadanos. Esa gran oficina judicial sustentará un gran tribunal de instancia donde también se repartirán equitativamente los asuntos y se especializarán secciones. 

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que sean los fiscales los que puedan instruir una causa. ¿Tiene la Fiscalía medios suficientes para asumirlo?

Ese anteproyecto de ley en el que estamos trabajando, y que está pendiente de un informe del CGPJ para poder continuar con la tramitación parlamentaria, es clave para nuestra democracia. Tenemos un sistema hipergarantista con el investigado, acusado o procesado, porque venimos de una dictadura. Esas garantías han tenido un doble filtro, el judicial y el de la Fiscalía. Pero si estamos de verdad convencidos de que este es un Estado democrático y de derecho, tenemos que confiar en que la Fiscalía está preparada para asumir la instrucción, que ahora se llamará investigación, siempre con un juez de garantía. Prevé también novedades para adaptarnos a cómo se va sofisticando la criminalidad y aterrizará doctrina del Tribunal de Derechos Humanos europeo. Pero tiene una vacatio legis de seis años para poder adaptar la plantilla y los recursos al nuevo modelo. Si la ley entrara en vigor mañana sería muy difícil asumirla.

Acaba de aprobar la prórroga de un centenar de planes de refuerzo en juzgados y tribunales, pese a la negativa inicial.

Lo hemos acordado, como siempre, con el CGPJ porque hay juzgados que tienen una sobrecarga de trabajo y es inviable crear otro juzgado porque las comunidades que tienen transferidas las competencias tendrían que asumir los edificios, los funcionarios y los medios técnicos.

Ayer mismo conocimos un nuevo caso de violencia domestica. Las ultimas estadísticas reflejan un aumento de los casos, sobre todo entre las jóvenes ¿por qué cree que se produce este incremento?

Lo que nos dicen los datos es que la mayor parte de las mujeres asesinadas no habían denunciado antes a sus agresores. Solo se puede tener una orden de alejamiento o protección si existe denuncia. Los mensajes disuasorios son muy peligrosos y ponen en riesgo a la víctimas. Existe una falta de confianza de la víctimas en el sistema y por eso tenemos que trabajar en la formación de todos aquellos que están involucrados en la lucha contra la violencia de género. Quienes tienen esa responsabilidad tienen que saber cómo funciona el ciclo de la violencia: que las mujeres denuncian y luego se retractan cuando el agresor pide perdón. Luego vuelven a denunciar cuando hay otra agresión… eso no pasa con cualquier otro delito. También es importante que los recursos sean específicos para dar un mejor trato a las víctimas.  

Vox ha entrado en el Gobierno de Castilla y León y quiere que se hable de violencia intrafamiliar y no de violencia de género. ¿Le preocupa?

Por supuesto. Lo que conseguimos en 2004 con la Ley contra la Violencia de Género, que el PP que ahora ha pactado con Vox apoyó, fue visibilizar este problema. Esa violencia que se produce por la creencia de que el hombre es superior y por eso las mujeres tienen menos derechos y se las puede menospreciar, insultar o agredir. Ese cambio supuso que lo que se trataba en el ámbito privado fuera considerado una violación de los derechos humanos y fuera un delito público. Después de tantos esfuerzos, con más de mil mujeres asesinadas desde 2003, 47 niños asesinados desde 2013, mezclarlo con otro tipo de violencia para que no haya recursos suficientes me preocupa. Estamos hablando de 160.000 denuncias al año, y sabemos que solo es un 60% de lo que ocurre porque el resto no se denuncia. Eso, frente a 20.000 por violencia doméstica. Lo que le pido al PP, al señor Mañueco, es que no traicione el derecho de las víctimas. 

En cualquier caso la ley estatal va a seguir en vigor y los efectos van a ser mínimos ¿no?

No es así, porque los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y es necesario conocer los datos para ofrecer una respuesta institucional adecuada, con los recursos adecuados a cada fenómeno. Si todo se mezcla no estaremos acertando.

El objetivo ahora es acabar con la prostitución ¿cree su prohibición lo hará posible? Hasta ahora, todos los intentos han sido baldíos.

Cuando me dicen que una ley abolicionista no va a acabar con la prostitución, siempre digo que tenemos tipificado como delito el hurto y va a seguir existiendo. Un Gobierno que tiene en el frontispicio la igualdad entre mujeres y hombres tiene que tener en cuenta todas las medidas para asegurarla. Y la prostitución es la piedra angular de esa desigualdad. Mientras haya prostitución no seremos vistas como iguales. Se sigue considerando que el cuerpo de las mujeres puede ser objeto de consumo.

Las elecciones andaluzas han dado un serio correctivo a los partidos de izquierdas ¿Qué análisis hacen desde el Gobierno?

En primer lugar quiero felicitar a Juan Manuel Moreno Bonilla, al que conozco desde sus tiempos de secretario de Estado de Igualdad. Esto es una cuestión de partido. El PSOE tendrá que hacer la reflexión que le corresponda y sacar sus conclusiones, porque es evidente que la izquierda ha sufrido un varapalo en Andalucía. También quiero dar ánimo al líder de la oposición que será el señor Espadas, que ha hecho una gran campaña y al que he ayudado en todo lo que he podido

Existe mucha preocupación por la proliferación de actos violentos de bandas latinas cometidos por chavales cada vez más jóvenes. ¿Es partidaria de incluir alguna excepción para rebajar la edad penal?

Del tema de las bandas latinas, lo que me preocupa sobre todo es que reproducen comportamientos extremadamente violentos entre menores. Sé que la delegada del Gobierno y la Policía están volcándose en combatir este fenómeno. La única vacuna contra esta violencia es ofrecer alternativas a los jóvenes. Y una educación en valores de tolerancia. 

PDeCAT y PSOE negocian una proposición no de Ley para aplicar medidas urgentes frente a la ocupación ¿cual es su posición?

Estamos trabajando en ello. Tenemos que diferenciar los casos de impagos de alquiler por parte de personas vulnerables económicamente, para los que tendremos que buscar una solución razonada, de las mafias que utilizan la ocupación para posteriormente explotar esos alquileres. Estas si tienen una respuestas desde el Código Penal, pero hay que estudiar si sería conveniente alguna reforma desde el punto de vista procesal. La Fiscalía y el Ministerio del Interior han dado instrucciones a la Policía para que sepan que tienen que actuar con agilidad contra estos casos 

La Iglesia  no colaborará en la investigación por supuestos casos de pederastia que lleva a cabo el Defensor del Pueblo ¿Le sorprende?

Respeto absolutamente a la institución eclesiástica. Que cualquier institución establezca mecanismos para detectar deficiencias en su seno me parece un ejercicio de madurez democrática. La Iglesia ha decidido otra cosa y yo no tengo nada que decir, salvo que el señor Ángel Gabilondo está haciendo un gran trabajo con este grupo de expertos y lo que hay que dejar es que cada institución trabaje tranquila en unas cuestiones que afectan de manera muy sensible a las víctimas, a quien traslado todo mi apoyo.